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Ya en 1980, los acuciosos columnistas pedían a los políticos que participaban de la contienda electoral “un nivel respetable” en el debate político. Es decir, el Perú retornaba a la vida en democracia y lo que sobraban eran las zancadillas entre uno y otro hombre nacido para el ágora pública.
El Perú es un país de migrantes; de personas con un pie en el acelerador y el otro en la próxima parada, pero lentísimo a la hora de actualizar el documento de identidad. Tiempos de libretas a tres cuerpos y más de 60% de inflación, según el Banco Central de Reserva, lo que más preocupaba a los votantes de a pie era si habría o no “mesas de transeúntes”, ese mecanismo que permitía a los peruanos de aquí votar allá, o viceversa, anulando así la huella de la multa en el bolsillo.
Dos años antes, en 1978, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ulises Montoya Manfredi, anunciaba categóricamente que para las elecciones de los 100 miembros de la Asamblea Constituyente, del 18 de junio de 1978, no se instalarían mesas de transeúntes: los plazos para cambios de domicilio habían vencido el 28 de febrero. Lo único que se ampliaba era el horario de las elecciones: de 7:00 a 17:00 horas.
Franja electoral
La elección de la Constituyente también hay que recordarla por implementar un mecanismo que persiste hasta hoy: la franja electoral gratuita. No solo la usaron las agrupaciones capitalinas, pudieron utilizarla todas las fórmulas políticas, de Tumbes a Tacna, y de Lima a Loreto.
Para 1980 –cuando alrededor de seis millones de peruanos eligieron a senadores y diputados– se ofrecieron más de 9,000 espacios gratuitos de propaganda a escala nacional, en prensa, radio y televisión, que se propalaron entre el 17 de marzo y el 16 de mayo de ese año.
Otro aspecto importante (para algunos fue solo populismo) fue la implementación, un año antes, del Registro Analfabeto.
Se trató de inscribir a todos los peruanos mayores de 18 años que no sabían leer ni escribir.
Se calcula que durante los 90 días de trabajo de los registradores se incluyeron a más de dos millones de analfabetos que por vez primera participaron en unos comicios. El registro se hizo en “Lima, Callao y balnearios”, Arequipa, Trujillo y Huancayo.
Asambleas regionales
Para los comentaristas, las elecciones de 1990 fueron de las mejores demostraciones de civismo del pueblo peruano. En ese proceso se elegiría no solo al presidente de la República y miembros del Parlamento Nacional (60 senadores y 180 diputados), sino también a los miembros de las asambleas regionales.
Empero, tanto el voto preferencial (dolor de cabeza para los electores y los cómputos nacionales) como los votos en blanco y nulo eran ya un problema.
En las elecciones del noventa, el voto preferencial generaba debates y batallas entre los personeros de los diputados: la primera vuelta fue el 8 de abril, pero recién el 22 de mayo se conocieron los resultados de los parlamentarios electos.
Para la segunda vuelta –cuando el Perú se dividió entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori–, y a pesar de las amenazas de paros armados en Ayacucho y Huancayo, la ciudadanía tuvo bastante claro el apoyo a sus candidatos y se dice que con 9% se trató de uno de los porcentajes más bajos, hasta entonces, de votos blancos y nulos.
Entre el Sí y el No
Fue en 1993 cuando el Congreso Constituyente estableció que los peruanos podrían tener derecho a destituir autoridades.
La cédula de votación para el referéndum de la nueva Carta Magna, convocado por el Congreso Democrático Constituyente, solo tenía dos palabras Sí y No. El acto de sufragio se llevó a cabo el 31 de octubre de ese año, y como lo dijo el presidente del JNE, César Pollack, el tema era si se ponía primero el Sí o el No. Ese año fueron a las urnas 11 millones 500,000 ciudadanos. (José Vadillo Vila)