Opinión
El desarrollo de los territorios que conforman el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) aún está pendiente debido a la pobreza que afecta a una buena parte de su población, así como por la presencia de remanentes de Sendero Luminoso que actúan coludidos con narcotraficantes.
A pesar de que esa tarea implica un esfuerzo notable, el Estado peruano ha tomado la decisión política de intervenir para fomentar un desarrollo productivo y neutralizar el narcoterrorismo en esa zona.
Ambos objetivos son complementarios. Sin desarrollo será muy complicado que la población mejore su calidad de vida, mientras que si no hay seguridad integral, no podrán cumplirse las condiciones para aumentar la presencia estatal.
Algunos indicadores sociales dan muestras del panorama vigente. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2017, el porcentaje de la población en pobreza total en el Vraem era de 21.7%, es decir, el doble del total de pobreza en el país.
Estadísticas oficiales revelan que el 34% de los niños de 0 a 3 años que viven allí padecen de anemia. Asimismo, existen brechas en conectividad, atención de salud, nutrición, acceso a servicios de agua y educación, entre las más importantes.
Estos problemas sociales se agravan por la presencia de los remanentes terroristas que han elegido al Vraem como teatro de operaciones debido a la protección que ofrece la agreste geografía, pero sobre todo a la cercanía que allí tienen con los narcotraficantes que usufructan los cultivos ilegales de coca.
Frente a ese panorama, el Estado acertó cuando decidió dejar de lado la estrategia represiva contra el narcoterrorismo y optó por una de enfoque integral y multisectorial que promueve mejoras sociales, sin dejar de lado la interdicción de las fuerzas de seguridad.
Dicha estrategia, en el ámbito militar, dispuso la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona. En los últimos años, este esfuerzo, complementado con labores de inteligencia, ha permitido dar duros golpes a los subversivos y eliminar o apresar a algunos de sus cabecillas más relevantes.
En el ámbito social, como entidad rectora, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) ha diseñado un conjunto de acciones cuya finalidad es apoyar a la población para reemplazar el cultivo de coca por productos alternativos. Como ya viene ocurriendo, eso aleja a los campesinos del ámbito de influencia del narcotráfico.
Igualmente, se han trazado ambiciosas metas. Entre las principales está reducir la desnutrición crónica infantil a 15.6% el 2021, la anemia a 20%; aumentar la comprensión lectora de los estudiantes a 28% y lograr un nivel satisfactorio de 30% en matemática.
Pacificar esta zona y garantizar un entorno de desarrollo pleno es un objetivo complejo, pero posible de alcanzar si se continúa trabajando de forma sostenida. Es un gran logro para el país que esta lucha sea una política de Estado.
Los primeros resultados ya se pueden observar. El ministro de Defensa, Walter Martos, ha destacado que entre el 2018 y el 2019 los distritos declarados en emergencia en el Vraem bajaron de 63 a 33, lo cual permite a la población desarrollarse con normalidad. Sigamos trabajando con ese norte.