Opinión
Janice Seinfeld
Expositora de CADE Ejecutivos 2019 y Directora ejecutiva de Videnza Consultores
El plan prioriza 52 proyectos que se complementan entre sí y que se espera ejecutar vía asociaciones público-privadas (APP) y otras modalidades. Todos ellos están incluidos en los planes multianuales de infraestructura de los sectores y están incluidos en el presupuesto multianual, con lo que tienen financiamiento garantizado. Esto abonará en la predictibilidad, la transparencia y contribuirá a minimizar la corrupción.
El plan considera infraestructura pura y dura: construcción de hospitales y colegios, implementación de tuberías, etcétera. Y si bien es fundamental cerrar las brechas de acceso, también lo es garantizar servicios de calidad y contemplar los costos de mantenimiento de dicha infraestructura. Para lograrlo, deberemos ir más allá y empezar a pensar en cambiar el modelo de gestión para inversiones como agua y saneamiento, salud y educación y hacer las cosas diferentes.
Por ejemplo, la brecha en educación bordea los 6,000 millones de soles en un contexto en el que el 85% de los alumnos accede a educación secundaria. Sin embargo, cuando se mide el rendimiento de estudiantes de segundo de media, solo el 14% obtiene resultados satisfactorios. Y en lenguaje, solo el 16%. Además, solo el 30% de quienes egresan de secundaria continúa estudios superiores, sean técnicos o universitarios. Con esa calidad de servicios no van a poder desempeñarse adecuadamente en un centro laboral y generar una productividad alta que les permita recibir un mejor salario.
Lo mismo pasa en salud. La brecha calculada es de 58,700 millones de soles. El que el 85% de peruanos cuente con un seguro de salud no les garantiza acceder a una buena atención ni recibir sus medicamentos completos. De hecho, a septiembre del 2019, según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), en Lima Metropolitana el 51% de establecimientos de salud tenía baja disponibilidad de medicamentos, y el 30% en situación de desabastecimiento o substock, y el 24% en situación de sobrestock. La otra cara de la moneda es el desempeño de la APP entre Essalud y Salog, cuyo modelo de gestión ha permitido disminuir el valor del inventario en 28% y reducir en 69% el sobrestock, todo lo cual generó ahorros significativos.
El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad es un excelente insumo que, esperamos, será implementado como plan de Estado por las siguientes administraciones.
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