Opinión
Celinda Barreto
Periodista y catedrática
En el Perú, la educación especial, destinada a los niños con algún tipo de discapacidad física o intelectual, o que presenten un coeficiente intelectual mayor al promedio, fue creada en el Ministerio de Educación en 1971, como una modalidad destinada a aquellas personas que, por sus características excepcionales, requerían atención diferenciada. Esta modalidad abarca tanto a quienes adolecen de diferencias mentales u orgánicas o desajustes de conducta social, como también a los que presentan condiciones sobresalientes, siendo uno de sus objetivos principales contribuir a la formación integral del excepcional.
En ambos casos, es deber ineludible del Estado trabajar para que las personas “excepcionales” puedan integrarse a la sociedad en las mejores condiciones. Con aquellos que tienen carencias, para que no sean una carga ni para sus familiares ni para la sociedad; y con aquellos que tienen una inteligencia privilegiada, para que puedan usar sus dotes en bien de la sociedad y no para fines oscuros, lo que es fácil que ocurra si se les descuida.
El reciente caso de un incidente ocurrido en una escuela estatal, donde un niño con autismo agredió físicamente a una niña con retardo mental, demuestra que no puede darse igual tratamiento a los niños que tienen diversos tipos de discapacidad. Su conducta y sus características físicas son otras. Es caro implementarlo, pero es deber del Estado contribuir a lograrlo.
En el caso de los niños superdotados intelectualmente, es importante que sean educados en valores como la solidaridad, la honradez, la disciplina, la compasión, la empatía, entre otros, ya que por su inteligencia privilegiada deberían estar destinados a convertirse en líderes en una sociedad competitiva en la que muchas veces esas virtudes son poco apreciadas.
En el Perú hay carencia notoria de escuelas y de especialistas para afrontar ambos tipos de excepcionalidad y ese es un desafío para las autoridades educativas. En el caso de los Colegios de Alto Rendimiento, hay uno por cada región del país, cifra que quizá sea insuficiente.
El hecho de que la educación para las personas consideradas “normales” sea un reto, por carencia de dinero, por razones políticas que siempre influyen en este campo, por lo difícil de nuestra geografía que hace que los niños de muchos pueblos tengan difícil acceso a la educación tradicional, no debe impedir que el Estado trabaje para que los niños con carencias físicas o intelectuales sean aceptados en la sociedad y tengan un futuro en que sus habilidades puedan ser utilizadas. Y también es importante que los niños que por su alto coeficiente intelectual se sienten diferentes, tengan un lugar en una sociedad que muchas veces no los comprende.