Opinión
Jorge Medicina
Director de la carrera de economía de la Universidad de Lima
Si nos preguntáramos cómo ha sido el comportamiento económico, político y social en los últimos 35 años en nuestro país, la respuesta sería: “Lamentable”. Con las taras de un Estado prácticamente secuestrado por la corrupción, la institucionalidad ha sido mellada y el resultado es una sociedad carente de valores, donde el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación tienen altos niveles de desaprobación ciudadana.
Esta situación conlleva a una inminente caída de la inversión. Con un sistema de justicia que no muestra comportamientos independientes y autónomos, se retrasa el shock de confianza tan necesario para las inversiones privadas y públicas, aquellas que dinamizan la economía y que generan empleo formal e ingresos para reactivar el consumo. Históricamente, el Ejecutivo tampoco ha sabido mostrar su mejor cara.
En general, prácticas como la componenda, la compra de votos y el lobby no han cambiado de manera significativa con la democracia. Entre 1990 y 2018 tuvimos cinco presidentes: uno de ellos tiene prisión preventiva, uno está prófugo de la justicia y los otros tres son cuestionados por hechos que deberían esclarecer ante la justicia. A la par, diversas instancias de los gobiernos regionales y municipales son criticadas por entorpecer el crecimiento local debido al accionar indebido de sus autoridades.
Por el lado del sector privado, el panorama no es muy distinto. Las corporaciones y las empresas grandes y medianas podrán decir que practican la cultura del “buen gobierno corporativo”, pero muchos de sus directivos no terminan de comprender el sentido de la decencia.
Son conocidas las empresas que evitan costos externos y siguen produciendo con grados de contaminación alta, así como las que no pagan impuestos. La miopía de quienes eliminan los incentivos para mejorar la productividad de sus empleados nos lleva a tener una clase empresarial incompetente, que se limita a ofrecer y pedir favores en cada gobierno para sacar provecho de mercados sin competencia ni transparencia.
El artículo 58 de la Constitución señala que vivimos en una economía social de mercado, con iniciativa privada libre y un Estado que orienta el desarrollo. Sin entrar en detalles sobre lo ético y lo moral, la ética económica, según Johannes Messner, “es la ciencia acerca del orden moral de la cooperación social del hombre para satisfacer sus necesidades primarias y secundarias”.
La moral está relacionada con las acciones, el comportamiento y la actitud de las personas. Así, es claro que hoy el Perú se aleja de la esencia de la libertad económica y del pensamiento liberal, con el riesgo de recaer en modelos de gobierno autoritario (de izquierda o de derecha).
Mientras no se entienda el derecho de propiedad ni la conducta moral de los agentes que interactúan para una sociedad de derecho, seguiremos condenados a vivir con la mentira, la estafa, el chantaje, la informalidad, la pobreza y la tiranía de la mediocridad.