Derecho
Por ello, informó que está promoviendo la formalización del empleo mediante proyectos de ley remitidos al Parlamento Nacional.
“Queremos ofrecer nuestras condolencias a los familiares. El incendio no se debió producir. Es increíble que en pleno siglo XXI haya situaciones de trabajo similares a la esclavitud; esto es algo que este Gobierno no va a permitir”, subrayó en conferencia de prensa al concluir la sesión del Consejo de Ministros.
Resaltó, además, que el Gobierno ha mejorado las condiciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad responsable de supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales en el país.
Trabajo conjunto
En este contexto, el Gobierno confía en reducir los casos de ilegalidad e informalidad en el trabajo, con una correcta supervisión laboral en el 2018.
“Vamos a poner énfasis en este tema y obviamente el llamado es a los municipios porque es algo en lo que tenemos que trabajar todos juntos”, comentó.
La autoridad, de ese modo, lamentó el incendio desatado la semana pasada en la galería comercial Nicolini, ubicada en la zona denominada Las Malvinas, que dejó como saldo dos personas fallecidas, las cuales no pudieron ponerse a salvo de las llamas debido a que habían sido encerradas por su empleador en un contenedor ambientado como centro laboral.
Cambio estructural
Por su parte, el titular de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, aseguró que existe una propuesta de cambio estructural para la integración de los inspectores regionales de trabajo a la Sunafil y la creación de los consejos regionales de fiscalización, como parte de una propuesta integral de formalización laboral que viene desarrollando su despacho.
Este sector igualmente incrementará las actividades inspectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y derechos fundamentales del trabajador en los emporios comerciales del Cercado de Lima en los siguientes meses.
“La inspección laboral en el país debe reforzarse buscando la integración de los equipos de inspectores para ampliar la cobertura y hacer más eficiente el despliegue de la estrategia global de la fiscalización”, sostuvo.
Insistió, además, en la necesidad de revisar la propuesta de ley remitida por el Ejecutivo para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes.
En efecto, se trata del proyecto de Ley N° 1104/2016-PE, denominado Ley de Trabajo Juvenil que establece un beneficio a favor del empleador al exonerarlo temporalmente del pago a la Seguridad Social en Salud, siempre que contrate a jóvenes entre los 18 y 29 años. Esto, con las siguientes condiciones: se incorporen por primera vez al mercado formal, se encuentren en desempleo por más de seis meses o estén en situación de informalidad.
“El beneficio será entregado por un plazo máximo de tres años computados desde la incorporación del trabajador a la planilla de la empresa”, explicó el laboralista Brian Avalos Rodríguez, quien además es miembro del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
En opinión del experto, la iniciativa resulta relevante porque busca reducir la informalidad e incentivar al empleador –mediante un crédito frente a Essalud– para que incorpore a jóvenes trabajadores en la planilla.
En este aspecto, resaltó que el acceso a la salud no solo beneficiará al propio trabajador sino a su familia, pues les otorga cobertura en las prestaciones de salud, como son atenciones médicas, subsidios, lactancia, operaciones complejas, periodo de latencia, entre otros.
Pero la propuesta legal no solo fomentaría la incorporación de jóvenes al mercado formal sino también que el trabajador perdure en su puesto de trabajo.
“A diferencia de la mal llamada ‘Ley pulpín’, en este proyecto no hay ninguna reducción de las condiciones y beneficios que perciben los trabajadores del régimen de la actividad privada”, anotó.
En opinión similar, el laboralista Jorge Toyama consideró que lo ocurrido en el edificio Nicolini es una expresión de la informalidad que experimenta el país y que constituye un fenómeno complejo para las diversas entidades del Estado. Por ello, planteó una labor macro en la cual participe incluso el sector Educación.
“Lo más importante es que exista una nueva entidad contra la informalidad que unifique criterios, accione a diversas instituciones, coordine inspecciones”, señaló el experto y socio de Miranda & Amado Abogados. Advirtió que se requiere capacidad de coacción y persuasión, sino será muy difícil avanzar en la lucha contra la informalidad.
Datos
A la fecha, el alcance y la cobertura de la inspección laboral, entre agosto del 2016 y junio del 2017, llegó a 61,527 fiscalizaciones laborales en todo el país.
Los gobiernos regionales y la Dirección Regional de Trabajo de Lima Metropolitana cuentan con 69 inspectores, mientras que en las intendencias regionales y la Sunafil tienen 390, lo que suman 459 inspectores laborales para todo el territorio nacional.