Opinión
Lo que el país necesita hoy no es reabrir el debate sobre el modelo, sino ejecutarlo bien

Exministro de Transportes y Comunicaciones
La decisión de encargar a ProInversión –entidad especializada y con una amplia trayectoria en la promoción de inversiones– la conducción de este proceso no significaba que el MTC renunciara a sus funciones. Por el contrario, se trataba de sumar capacidades y trabajar en coordinación con una institución experta en la estructuración y la promoción de proyectos de inversión. Cada uno en su papel: el MTC define las necesidades y los niveles de servicio que deben recibir los usuarios; ProInversión estructura, licita y conduce los procesos; el Ministerio de Economía y Finanzas garantiza su sostenibilidad fiscal.
La apuesta por el trabajo interinstitucional fue pertinente. Un país con una geografía compleja y grandes brechas por cerrar no puede depender de decisiones aisladas ni de planes que cambien con el gobierno de turno.
Los resultados conseguidos en los últimos años confirman que esa forma de trabajar funciona. Entre 2019 y 2022, solo se adjudicaron 11 proyectos de asociación público-privada y en activos, por menos de US$ 400 millones. Entre 2023 y 2026, con reglas más claras y una conducción técnica especializada, se adjudicaron 55 proyectos por cerca de US$ 17,000 millones. No parece ser el momento de cambiar un rumbo que empieza a dar resultados.
Sin embargo, ni el número de proyectos anunciados ni el monto de inversión comprometido, por sí solos, pueden medir el esfuerzo o resultados del sector Transportes y Comunicaciones. Lo que importa es que los servicios lleguen a las personas, el tiempo y los costos que se ahorran en la economía y que se abran nuevas oportunidades en las distintas regiones del país. En ese sentido, el papel de ProInversión es clave para que los proyectos se adjudiquen y comiencen a ejecutarse a tiempo y de manera eficiente.
A poco más de un mes de cumplirse un año del anuncio de la cartera, el país ha tenido tres ministros del MTC y cuatro ministros del MEF. Esta alta rotación, sin duda, ha dificultado la continuidad de la gestión y el avance en la adjudicación de las iniciativas presentadas. Por eso, la continuidad no debería depender de quién sea el titular de un sector; debe descansar en reglas claras y estables, y en una entidad técnica capaz de sostener los procesos más allá de los cambios de autoridades.
Hacer realidad la cartera no requiere de cambios de rumbo ni volver a esquemas que ya mostraron sus limitaciones. Lo que hace falta es aplicar un ajuste fino a lo que ha venido dando resultados (fine-tuning); es decir, revisar y calibrar lo que ya está en marcha para que las inversiones avancen con mayor eficacia. Esto implica afinar la secuencia de los proyectos, actualizar cronogramas y costos, superar trabas técnicas y administrativas, y fortalecer la coordinación entre las entidades involucradas. También exige realizar los esfuerzos necesarios para mantener el interés de los inversionistas privados y asegurar que cada iniciativa cuente con condiciones realistas de financiamiento y ejecución.
El ajuste fino no significa renunciar ni reducir lo planificado. Significa corregir a tiempo todo aquello que impide convertir los planes en obras y servicios. Una mejor gestión de los terrenos, una decisión regulatoria a tiempo, una mejor articulación entre los distintos niveles de gobierno o prioridades más claras pueden acelerar un proyecto más que un rediseño por completo. La clave está en distinguir entre lo que requiere reformularse y lo que puede avanzar mediante ajustes concretos, medibles y sostenidos.
Por ello, resultaría muy riesgoso volver a la conducción de proyectos bajo esquemas fragmentados, en los que cada iniciativa recorría años de opiniones sucesivas sin llegar a licitarse; nos llevaría de regreso a la parálisis. Si una institución que está dando resultados necesita más soporte –recursos, equipos especializados y plazos ciertos para las opiniones de las entidades–, lo que corresponde es dárselo, no quitarle funciones. Lo bueno se fortalece, no se descarta.
La continuidad, por tanto, no consiste en conservar anuncios, sino en dar seguimiento a cada proyecto: informar qué se ha ejecutado, qué está retrasado, qué obstáculos deben resolverse y cuáles deben ser los próximos pasos. Para ello, la cartera debe gestionarse como un conjunto de inversiones interdependientes, con prioridades claras, responsables identificados y metas verificables.
Nuestro país necesita una política de Transportes y Comunicaciones que trascienda los periodos de gobierno y se articule con actores y socios estratégicos como ProInversión. La prioridad no debe ser cuántos proyectos se muestran en una presentación, sino cuántos se llegan a ejecutar bien, cuánto mejora la conectividad y quiénes se benefician.
Con una visión de largo plazo y un ajuste fino de la gestión, la cartera puede pasar de ser una lista de compromisos a convertirse, progresivamente, en infraestructura útil para el país. Lo que el país necesita hoy no es reabrir el debate sobre el modelo, sino ejecutarlo bien.