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Legítima defensa: fiscal deberá probar si hubo exceso, explica Carlos Caro Coria

Alcances del Decreto Legislativo 1743

A través de sus redes sociales, el especialista precisó que la norma, publicada en la edición extraordinaria de El Peruano del 8 de noviembre, modifica el artículo 20, numeral 3, del Código Penal e incorpora tres cambios relevantes.

El primero es la presunción de racionalidad. La disposición admite el uso de la fuerza, incluso letal, y presume que quien ejerce la legítima defensa actuó racionalmente. Esta valoración deberá considerar la perspectiva de la persona que se defendió y las circunstancias existentes en el momento de la agresión. En consecuencia, corresponderá al Ministerio Público acreditar lo contrario.

El segundo cambio establece una motivación reforzada. Según Caro Coria, las resoluciones judiciales que descarten dicha presunción deberán contar con una justificación cualificada, bajo sanción de nulidad. Esta regla también alcanza a los procesos en trámite.

La tercera modificación introduce la posibilidad de un archivo temprano. Cuando se investigue un caso de presunta legítima defensa, el fiscal deberá emitir un pronunciamiento definitivo y, si concurren los requisitos legales, archivar el caso sin formalizar investigación.

Alcances y límites

El penalista advirtió, sin embargo, que la presunción podría tener una eficacia limitada en la práctica, debido a que el control judicial penal no suele operar sobre la base de presunciones.

Asimismo, precisó que el cambio comprende la racionalidad del medio empleado, pero no elimina la exigencia de acreditar una agresión actual, ilegítima y real. Si el ataque no existió o había terminado, no opera esta presunción. Tampoco desaparece el requisito de que no haya mediado provocación suficiente.

Para Caro Coria, el principal efecto práctico de la reforma podría estar en el archivo temprano de las investigaciones, pues permitiría evitar años de proceso penal a quienes actuaron legítimamente en defensa propia.