Editorial
Un país más inclusivo es aquel donde nadie queda atrás por falta de oportunidades. Se trata de reconocer derechos y garantizar condiciones para que todos puedan desarrollar su potencial Esa es la inclusión que necesitamos construir
En esa dirección apunta el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori de ampliar el próximo año el presupuesto del programa Contigo para incorporar a 100,000 personas más con discapacidad. La medida permitirá extender el alcance de esta ayuda económica y atender a más ciudadanos que necesitan el respaldo del Estado.
Es un paso importante, aunque el desafío es mucho mayor. La inclusión no puede depender únicamente de una transferencia económica. También requiere mejores servicios de salud, educación accesible, oportunidades de empleo y espacios públicos en los que todas las personas puedan desenvolverse sin obstáculos.
La propia presidenta destacó esta necesidad durante la ceremonia de reconocimiento a personas con discapacidad, al señalar que las barreras que impiden la igualdad son las que deben cambiar. Es una idea que merece traducirse en políticas sostenidas, porque muchas veces las dificultades no están en las personas, sino en un entorno que no está preparado para ellas.
Un ejemplo es la educación. La distribución de textos escolares en sistema braille para estudiantes con discapacidad visual demuestra que es posible atender necesidades distintas y ofrecer mejores condiciones para el aprendizaje. Pero estos esfuerzos deben continuar en las aulas, con materiales adecuados, docentes preparados e infraestructura accesible. Ningún niño debería tener menos oportunidades por una condición de discapacidad.
También es necesario mirar el mundo laboral. Muchas personas tienen capacidades, conocimientos y voluntad para trabajar, pero encuentran puertas cerradas por prejuicios o falta de accesibilidad. Una sociedad inclusiva no es aquella que se limita a brindar asistencia, sino la que permite que cada ciudadano aporte, tome decisiones y construya su propio camino.
En ese proceso, las familias cumplen un papel fundamental. El apoyo y el acompañamiento que brindan a sus seres queridos merecen reconocimiento, pero no deben sustituir las responsabilidades del Estado. La inclusión exige que las familias encuentren servicios y oportunidades que les permitan afrontar mejor los desafíos cotidianos.
Como señala el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, la responsabilidad del Estado es generar las condiciones necesarias para que cada ciudadano desarrolle plenamente sus capacidades.
Porque un país más inclusivo es aquel donde nadie queda atrás por falta de oportunidades. Se trata de reconocer derechos y garantizar condiciones para que todos puedan desarrollar su potencial. Esa es la inclusión que necesitamos construir.