La delegación peruana estuvo integrada por la magistrada Ana María Aranda Rodríguez y los magistrados Carlos Calderón Puertas, Ulises Yaya Zumaeta, Víctor Castillo León y Ramiro Bustamante Zegarra, quienes participaron en conferencias, visitas institucionales y espacios de intercambio académico.
Esta misión académica permitió conocer experiencias del sistema judicial brasileño, analizar los desafíos que afrontan las cortes supremas y recoger buenas prácticas para fortalecer la predictibilidad de las decisiones, la eficiencia institucional y el acceso de la ciudadanía a una justicia oportuna.
Durante las cinco jornadas de trabajo se abordaron temas como el control de constitucionalidad, la estructura del sistema judicial brasileño, los precedentes judiciales, la participación ciudadana en los procesos constitucionales y la digitalización de los tribunales.
Asimismo, los magistrados visitaron el Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios (TJDFT), el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ), donde conocieron experiencias relacionadas con la organización institucional, la gestión de información judicial y la incorporación de herramientas tecnológicas.
Uno de los aspectos destacados fue el análisis de la inteligencia artificial (IA) aplicada a la actividad jurisdiccional, así como de los desafíos que plantea su regulación en la región.
Las sesiones permitieron reflexionar sobre la importancia de utilizar estas tecnologías con transparencia, responsabilidad y supervisión humana, preservando la independencia judicial y la protección de los derechos fundamentales.
Uno de los ejes centrales de la misión fue la presentación de las iniciativas tecnológicas que impulsa la Corte Suprema del Perú para contribuir a la modernización del servicio de justicia.
En ese contexto, Yaya Zumaeta, presidente de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, presentó tres herramientas: el Sistema Jurisdiccional de Trabajo (SJT), el Asistente Virtual de Inteligencia Artificial Curia y el ChatBot Curia.
Estas soluciones están orientadas a optimizar el trabajo jurisdiccional, facilitar el acceso a información jurídica y jurisprudencial, así como contribuir a una gestión más ágil y organizada.
El SJT busca mejorar la gestión de la información y apoyar las actividades de los órganos judiciales, mientras que el Asistente Virtual de Inteligencia Artificial Curia permite realizar tareas como el análisis de expedientes, la búsqueda de jurisprudencia y la elaboración de proyectos de resoluciones, siempre bajo la supervisión y responsabilidad del operador de justicia.
Por su parte, el ChatBot Curia facilita la consulta de información jurídica y jurisprudencial validada, de acuerdo con el alcance de la herramienta, para brindar orientación a los usuarios.
La presentación puso de relieve que la incorporación de nuevas tecnologías deben contribuir a reducir tareas repetitivas, aprovechar mejor la información jurídica y fortalecer la eficiencia institucional, sin sustituir el criterio jurídico de las juezas y los jueces.
En el contexto del diálogo académico, la delegación peruana también compartió experiencias nacionales vinculadas con la seguridad jurídica, la justicia laboral y el control de constitucionalidad.
Predictibilidad
Aranda Rodríguez, presidenta de la Sala Civil Permanente, y Calderón Puertas, titular de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, expusieron sobre la importancia de los precedentes vinculantes para fortalecer la predictibilidad de las decisiones judiciales y la igualdad ante la ley.
Por su parte, Castillo León, presidente de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, desarrolló el tema de la justicia laboral y la protección de los derechos derivados de las relaciones de trabajo.
A su turno, Bustamante Zegarra, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, abordó el control difuso y el control concentrado de constitucionalidad, mecanismos fundamentales para garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales.
La experiencia internacional permitió contrastar modelos judiciales, conocer prácticas que podrían evaluarse y adaptarse a la realidad peruana, y reflexionar sobre la necesidad de acompañar la transformación digital con garantías éticas e institucionales.
En esa línea, se destacó que el uso de la IA en el ámbito judicial requiere criterios de transparencia, seguridad, protección de datos y supervisión humana, a fin de preservar la independencia de juezas y jueces para evitar que las decisiones sobre derechos fundamentales se conviertan en resultados automáticos.
La participación de la delegación peruana reafirma la importancia de la cooperación internacional y la capacitación especializada para fortalecer las capacidades institucionales, promover la innovación responsable y avanzar hacia un sistema de justicia más accesible, transparente y oportuno, resaltó el Poder Judicial.
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