Editorial
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
“La participación coordinada de ministerios, gobiernos regionales y locales, empresas y organizaciones de productores permitirá orientar los recursos hacia las necesidades de cada zona”.
Frente a esta situación, el Estado trabaja para reducir los efectos del fenómeno en los sectores productivos. La pesca requiere especial atención, pues el calentamiento de la superficie marina modifica la distribución de las especies y plantea nuevos retos para la flota nacional. El monitoreo oceanográfico y el uso de información científica resultan fundamentales para orientar las decisiones y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta julio la actividad pesquera registró una contracción del 27.4% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la extracción de cardúmenes disminuyó 29%. Estas cifras destacan la importancia de fortalecer el seguimiento de los recursos marinos y facilitar la adaptación de pescadores y empresas a las variaciones del ecosistema.
La seguridad alimentaria constituye otra prioridad. El Perú dispone de una amplia diversidad agrícola, pesquera y ganadera, cuya capacidad debe aprovecharse mediante una mayor articulación entre las instituciones públicas, los productores, los comerciantes y las empresas de transporte. La planificación del abastecimiento, el seguimiento de los precios y la coordinación logística permitirán anticipar dificultades y mantener el suministro de alimentos, especialmente para las familias más vulnerables.
La preparación también debe responder a las características de cada territorio. En la costa norte, es importante proteger a las comunidades, la infraestructura y las actividades económicas ante las lluvias intensas. En el sur andino, la gestión eficiente del agua y la adaptación agrícola contribuirán a preservar los cultivos. En la Amazonía, la atención debe centrarse en proteger a las poblaciones y mantener las vías fluviales que garantizan su comunicación y abastecimiento.
Estas medidas requieren información oportuna, planificación territorial y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Asimismo, es necesario reforzar las capacidades locales y promover prácticas agrícolas adaptadas a las condiciones climáticas. La protección de cultivos como la papa, la quinua y otros granos y tubérculos ayudará a sostener los ingresos de los agricultores y la disponibilidad de alimentos.
En este contexto, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori tiene la oportunidad de consolidar una estrategia integral que articule la prevención, la atención de emergencias y el respaldo a los sectores productivos. La participación coordinada de ministerios, gobiernos regionales y locales, empresas y organizaciones de productores permitirá orientar los recursos hacia las necesidades de cada zona. Anticiparse a los riesgos y fortalecer la cooperación nacional contribuirá a mitigar los efectos de El Niño y proteger la seguridad alimentaria.