Política
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
Durante su presentación, en el marco del debate sobre las facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, el titular del sector explicó que las medidas buscan cerrar vacíos legales, incorporar herramientas tecnológicas para la investigación criminal y ampliar las capacidades operativas de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Asimismo, solicitó a los senadores evaluar las modificaciones normativas necesarias para facilitar la lucha contra la delincuencia. Uno de los principales planteamientos fue modificar la legislación sobre armas de fuego para impedir que se mantenga un número ilimitado de armas bajo las categorías de caza, deportivas y de colección.
Astudillo precisó que la propuesta no busca eliminar la posibilidad de que los ciudadanos tengan armas de uso personal conforme a la ley, sino evitar que determinadas modalidades de adquisición e importación sean utilizadas para abastecer a las organizaciones criminales.
El ministro advirtió que algunas armas registradas como carabinas pueden emplear munición de guerra y ser modificadas para disparar en ráfaga. Como ejemplo, mencionó el uso de este tipo de armamento por parte de grupos vinculados a la minería ilegal en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, donde un enfrentamiento dejó un suboficial de la PNP fallecido y otro gravemente herido.
El segundo eje de su exposición estuvo relacionado con la expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular. Astudillo sostuvo que se requiere agilizar los procedimientos administrativos para ejecutar estas medidas y solicitó ampliar a 48 horas el plazo correspondiente, a fin de que las autoridades puedan completar las actuaciones exigidas por ley. Como referencia, señaló que, durante una intervención en Trujillo a 200 personas, solo fue posible concretar 49 expulsiones dentro del tiempo disponible.
El titular del Interior precisó que la permanencia en situación migratoria irregular constituye una infracción administrativa y no un delito. En ese contexto, planteó que se revisen los procedimientos vigentes para que las autoridades migratorias puedan actuar con mayor eficacia, dentro del marco legal.
El tercer planteamiento se centró en fortalecer las herramientas tecnológicas para combatir la extorsión. El ministro sostuvo que el incremento del número de efectivos policiales debe ir acompañado de equipamiento y tecnología que permitan identificar a los responsables, rastrear operaciones vinculadas con el cobro de cupos y mejorar la investigación de los delitos cometidos mediante teléfonos y plataformas digitales.
También planteó impulsar mecanismos de geolocalización y mejorar la coordinación con las entidades competentes y las plataformas tecnológicas, así como fortalecer las medidas para impedir el uso de líneas telefónicas irregulares. En esa línea, mencionó la necesidad de avanzar en la aplicación de medidas relacionadas con el bloqueo de chips y en el uso de herramientas que permitan identificar a los responsables de extorsiones realizadas mediante aplicaciones de mensajería.
El cuarto punto abordado fue la ampliación de las facultades de intervención de la Policía Nacional en espacios vinculados con actividades de alto riesgo criminal, incluidos los puertos.
El ministro Astudillo señaló que las restricciones existentes pueden limitar el accionar policial incluso cuando se cuenta con información sobre posibles cargamentos de droga, por lo que consideró necesario revisar el marco normativo para facilitar las actuaciones de la PNP contra el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas.
Remarcó que las cuatro propuestas responden a necesidades operativas y técnicas del sector Interior, y pidió a los senadores evaluar los cambios normativos planteados para fortalecer la capacidad de prevención, investigación e intervención policial frente a las organizaciones criminales.
Cabe señalar que la presentación se realizó en el contexto del debate parlamentario sobre las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, que busca establecer el marco legal para impulsar medidas destinadas a enfrentar la delincuencia y reforzar la respuesta del Estado.
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