Opinión
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
Congresista
La delegación de facultades está prevista por la Constitución para situaciones en las que el Ejecutivo necesita actuar con mayor rapidez y capacidad normativa. No sustituye al Congreso. Es una herramienta excepcional dentro del orden constitucional, sujeta a materias determinadas, plazo definido y control parlamentario.
La inseguridad ciudadana exige decisiones inmediatas. También la prevención frente al fenómeno El Niño. En este último caso la lógica es evidente: un fenómeno extraordinario exige medidas extraordinarias. Ello no significa actuar sin reglas, sino utilizar, dentro de la ley, instrumentos capaces de anticiparse al daño, acelerar decisiones y evitar que la burocracia convierta la prevención en reacción tardía.
Durante años hemos visto cómo, frente a emergencias previsibles, el Estado repite procedimientos, diagnósticos y respuestas que muchas veces llegan cuando el problema ya produjo sus efectos. Si queremos cambiar los resultados, también debemos revisar las herramientas con las que actuamos.
He integrado anteriormente el Congreso y hoy vuelvo a asumir esa responsabilidad como diputado. Esa experiencia me lleva a una convicción: fiscalizar al Ejecutivo es indispensable, pero también lo es proporcionarle instrumentos suficientes para cumplir aquello que después vamos a exigirle.
Establecer límites es necesario; vaciar de contenido la herramienta constitucional, no. El Congreso debe garantizar que la delegación sea precisa y controlable, pero funcional a los problemas que pretende resolver.
Este no debería ser un debate entre oficialismo y oposición. Cuando están en juego la seguridad, la prevención de desastres, el empleo o la reactivación económica, la responsabilidad debe ser nacional.
El Congreso controla, legisla y representa. El Ejecutivo gobierna. Ambos responden ante los mismos ciudadanos. Otorgar facultades suficientes y correctamente delimitadas no significa renunciar al control parlamentario; significa permitir que el Estado actúe y luego exigir resultados.
No se trata de hacer más de lo mismo, sino de utilizar, con responsabilidad y control, herramientas distintas para obtener resultados distintos.