Perú: regulación de IA debe impulsar innovación sin frenar el desarrollo del ecosistema digital
Experto Oscar Montezuma expone aportes para una regulación que impulse la innovación
Paul Neil Herrera Guerra
Periodista
pherrera@editoraperu.com.pe
En la medida en que la tecnología, como la inteligencia artificial (IA), impacta en todos los sectores, surge la necesidad de abordar de manera transversal los desafíos de la transformación digital y fortalecer una regulación flexible y sostenible, capaz de impulsar la innovación sin frenar el desarrollo del ecosistema digital.
Para ello, el experto en regulación digital Oscar Montezuma propone crear una Mesa Ejecutiva Digital en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con un rol articulador transversal y empoderado.
Sustento
A su criterio, las mesas ejecutivas constituyen un esquema exitoso de diálogo público-privado que puede impulsar la adopción horizontal de la IA en minería, finanzas, educación, salud y otros sectores.
En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, Montezuma manifestó que, hasta la fecha, la regulación de la tecnología se aborda principalmente desde el ámbito de los derechos. “Pero también tenemos que hablar de economía digital. La parte económica es importante. Los datos son economía también. Los sistemas de IA tienen un impacto en la economía”, afirmó.
Por ello, consideró importante crear la citada Mesa Ejecutiva Digital, tomando en cuenta, además, que geopolíticamente la inversión en tecnología resulta clave.
Regulación peruana
Respecto de la regulación peruana de la IA, Montezuma sostuvo que esta destaca por contar con un marco normativo acorde con las necesidades del país, basado en riesgos y técnicamente proporcional, que puede posicionar al Perú como un hub atractivo para la inversión tecnológica y la competitividad regional.
En su opinión, el Reglamento de la Ley N.° 31814, que promueve el uso de la IA en favor del desarrollo económico y social del país, es equilibrado y no constituye una copia de marcos legales extranjeros.
Sin embargo, advirtió que en varios países de Latinoamérica existe una necesidad urgente de regular esta tecnología, aunque no necesariamente de manera adecuada a la realidad de cada uno.
Un estudio elaborado por Niubox Legal Digital identificó cerca de 200 proyectos de ley sobre IA en 13 países de América Latina, los cuales evidencian una tendencia regional a la hiperregulación importada.
Frente a ello, sostuvo que el Perú optó por diseñar una norma reglamentaria acorde con la madurez del ecosistema local, con el propósito de proteger los derechos de los ciudadanos sin ahogar la innovación.
“Pero ahora lo que falta es que tanto el sector público como el privado empiecen a acoger los principios rectores contenidos en este reglamento y los incorporen”, indicó el también CEO de Niubox Legal Digital.
Entre los principios que rigen el desarrollo, la implementación y el uso de sistemas basados en IA, complementariamente a los establecidos en el artículo único del Título Preliminar de la citada ley, figuran la no discriminación, la privacidad de los datos personales, la protección de los derechos fundamentales, el respeto del derecho de autor y los derechos conexos, la sensibilización y educación en IA, así como la supervisión humana.
Plazos de adecuación
Desde el jueves 10 de setiembre, las empresas y organizaciones privadas que desarrollan e implementan sistemas de IA en los sectores de salud, educación, justicia, seguridad y economía y finanzas deben cumplir determinadas obligaciones establecidas en la Ley N.° 31814 y su reglamento, al haberse cumplido el primer plazo de adecuación.
El experto en regulación digital señaló que el reglamento establece que las organizaciones que desarrollen o implementen sistemas de IA para su uso en estos cinco sectores deben cumplir obligaciones específicas vinculadas con la transparencia algorítmica, la creación de protocolos, las evaluaciones de impacto y otras aplicables al uso de esta tecnología.
Conforme con el reglamento, existe un cronograma de plazos de adecuación para el cumplimiento de estas obligaciones, aplicable a todos los sectores, con un plazo máximo de cuatro años.
No obstante, Montezuma consideró que aún falta mayor concientización dentro de las empresas sobre este tema. Por ello, sugirió que adelanten el cumplimiento de estas disposiciones antes del vencimiento de los plazos establecidos.
En la actualidad, indicó, el Poder Ejecutivo ha solicitado facultades legislativas en materia de transformación digital.
“Estas facultades deberían servir para fortalecer una regulación flexible y sostenible, capaz de impulsar la innovación sin frenar el desarrollo del ecosistema digital”, señaló.
Impacto en el servicio legal
Montezuma advirtió que el uso de la IA en los estudios de abogados todavía se encuentra en un nivel muy incipiente. “Veo todavía poco uso avanzado de esta tecnología en los estudios de abogados”, remarcó.
En su opinión, esto obedece a que la utilización de la IA implica un cambio importante, considerando la discusión global sobre el impacto que tiene esta tecnología en las firmas de abogados que basan sus servicios en la venta de horas de trabajo.
El uso de la IA permite encontrar soluciones a los problemas de los clientes en menos tiempo. A ello se suma que los propios clientes ya solicitan información sobre el uso de esta tecnología en la asesoría legal, pues, según el experto, su utilización puede generar brechas de confidencialidad, pero también una disminución de costos.
Ante este escenario, indicó que los abogados alegan que, al asumir el papel de revisores de la IA, el costo de sus servicios aumenta.
Frente a esta situación, Montezuma sugirió a los estudios de abogados evaluar cómo transformar su modelo operativo de negocio, por ejemplo, hacia uno basado en suscripciones u otro que no se sustente en la venta de tiempo de servicios.
“No debemos olvidar que los abogados también estamos compitiendo con la IA”, dijo.
Docencia
Montezuma consideró que corresponde a las facultades de Derecho evaluar sus currículas y determinar cuáles son las nuevas competencias que requieren los abogados ante la utilización de tecnologías como la IA.
“No se nos enseña cursos de negocio para nada. Los abogados somos grandes técnicos del derecho, pero no empresarios del derecho, y eso nos limita la posibilidad justamente de ver la evolución tecnológica, por dónde viene, cómo puedo pivotar esto para que sea un modelo operativo y de negocio distinto”, comentó.
A su juicio, las facultades de Derecho deben introducir cursos sobre tecnología y negocios para hacer la carrera mucho más interdisciplinaria.
El experto participó en el evento AI Summit-Shaping the Digital Future 2026, organizado por la Embajada de EE. UU. y la Universidad Científica del Sur.
