Opinión
Abogado y político
Siguiendo con esa línea de transparencia, quien sale elegido como presidente de la república debe concurrir ante el Congreso y dar a través de él su mensaje a la nación el 28 de julio del año en que es elegido, el que debe contener “la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso” (inciso 7 del artículo 118.° de la Constitución).
Complementariamente, el artículo 130.° de la Constitución determina que “dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el titular de la PCM concurre a la Cámara de Diputados en compañía de los ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión”. Pero, con la última reforma constitucional, “esta exposición no da lugar al planteamiento de cuestión de confianza”.
Hay que adicionar, según el Decreto Supremo N.° 029-2018-PCM, que a los 40 días de haber asumido sus funciones, el presidente de la república, por propia iniciativa, debe gestionar que el Consejo de Ministros apruebe la política general de gobierno –en el marco de las políticas de Estado–, los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y las políticas nacionales vigentes. Todo ello se materializa mediante decreto supremo que en esta oportunidad se aprobó el 4 de setiembre en curso y se publicó al día siguiente en el diario oficial El Peruano bajo el N.° 127-2026-PCM.
No siempre los gobiernos que se han sucedido han aprobado mediante acuerdo del Consejo de Ministros y mediante Decreto Supremo la política de gobierno, que para el periodo 2026-2031 es “para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados, que incluye ejes y lineamientos”.
Los ejes de la política general de gobierno aprobados en el decreto supremo mencionado incluyen la reducción de la inseguridad ciudadana, de la vulnerabilidad de la población y la protección de los ecosistemas frente a los desastres y el cambio climático. También fortalecer el desarrollo integral de las personas, elevar la productividad del país con empleo formal e integración económica del territorio y, por último, consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones.
Es absolutamente positivo que el actual gobierno haya cumplido con aprobar la política general de gobierno de este quinquenio gubernamental, que no todos los gobiernos que se han sucedido a partir del 2018 lo han cumplido.
Al haber llevado las políticas gubernamentales del discurso a la norma legal, podrá el Parlamento fiscalizar su cumplimiento, al igual que lo podrán hacer los electores, pero además se requiere que el vocerío del actual gobierno nacional esté concentrado en la Presidencia de la República y en la PCM (inciso 1 del artículo 123. ° constitucional). No se debe olvidar el viejo refrán en el sentido de que “muchas manos en el plato causan garabato”.