Editorial
“Construir una sociedad preparada para el envejecimiento requiere, por tanto, combinar protección económica, servicios adecuados, integración y reconocimiento”.
En ese contexto, resultan importantes los anuncios formulados por la presidenta Keiko Fujimori durante la ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor. La mandataria expresó el compromiso de avanzar hacia mejores pensiones, incluidos los beneficiarios de Pensión 65, y anunció que las actuales sedes de Yuyaq Casa del Pensionista se duplicarán a partir del próximo año.
Se trata de medidas que adquieren especial relevancia si consideramos la transformación demográfica que experimenta el país. Según los Censos nacionales 2025, las personas de 60 años a más representan el 14.8 % de la población peruana, equivalente a aproximadamente 5.05 millones de ciudadanos. Esta realidad demanda anticipar las necesidades que surgirán conforme aumente este segmento poblacional.
La seguridad económica constituye, naturalmente, uno de los pilares de una vejez digna. Contar con ingresos suficientes permite cubrir necesidades básicas y conservar mayores niveles de autonomía. Por ello, avanzar progresivamente hacia mejores pensiones representa un objetivo social importante, que deberá ir acompañado de mecanismos que garanticen su sostenibilidad en el tiempo y preserven el necesario equilibrio de las cuentas públicas.
Pero la dignidad durante la vejez no puede medirse únicamente por el monto de una pensión. Una política integral para las personas adultas mayores debe comprender también acceso oportuno a la salud, acompañamiento, seguridad, espacios de integración y oportunidades para desarrollar actividades que favorezcan su bienestar físico y emocional.
En esa perspectiva, la anunciada ampliación de las sedes de Yuyaq Casa del Pensionista resulta igualmente valiosa. Estos espacios permiten que sus usuarios se mantengan activos, desarrollen nuevas habilidades y fortalezcan sus vínculos sociales, contribuyendo a enfrentar problemas como la soledad y el aislamiento que pueden presentarse durante esta etapa de la vida.
Existe, además, una dimensión que no debería olvidarse. Los adultos mayores no son únicamente destinatarios de políticas asistenciales. Representan un enorme patrimonio de experiencia, conocimientos y memoria acumulados durante décadas y continúan desempeñando un papel fundamental en numerosas familias y comunidades.
Construir una sociedad preparada para el envejecimiento requiere, por tanto, combinar protección económica, servicios adecuados, integración y reconocimiento. Garantizar una vejez digna a quienes contribuyeron durante décadas al desarrollo del país constituye un acto de justicia y una inversión en nuestro propio futuro. Porque la sociedad que construyamos hoy para nuestros adultos mayores será también, algún día, la sociedad en la que nos tocará envejecer.