Denunciar irregularidades: OIT destaca la importancia de proteger a los trabajadores
Los pilares para proteger a quienes denuncian irregularidades
El informe “La protección de los denunciantes de irregularidades en el sector de los servicios públicos”, realizado en septiembre de 2022 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que se debe ir más allá de los marcos normativos y los procedimientos de denuncia. Esto se debe a que la eficacia de cualquier sistema de protección depende de la existencia de una cultura institucional que promueva la transparencia, la responsabilidad y el respeto entre todos los actores.
Las normas culturales de un país, ciudad o institución están estrechamente ligadas a la ética de las personas. Por ejemplo, el informe de la OIT destaca el caso de Singapur, donde un estudio indica que el 56% de los encuestados sí denunciarían actos de corrupción, sin importar si existe o no una política de protección para los denunciantes. Además, se resalta que esa cifra aumentaría un 36% si existiera una ley. Sin embargo, en otros países, las acusaciones de este tipo podrían tomarse como un acto hostil. Esto conlleva a que el entorno laboral y el trato que se recibe de las instituciones públicas terminen influenciando en la decisión de denunciar las irregularidades.
“La protección de los denunciantes debe estar acompañada por una cultura organizacional que valore la comunicación abierta y el comportamiento ético. Luego de identificar los elementos culturales que rodean cada denuncia, se debe fomentar entornos de mediación laboral donde los trabajadores puedan expresar sus inquietudes de buena fe. De esta manera, contribuirán a la mejora de los servicios públicos sin temor a consecuencias negativas”, asegura Carlos Carrión Crespo, Juris doctor, especialista en mediación laboral y exoficial en servicios públicos en la OIT.
En el caso peruano, la Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, tiene como objetivo proteger y otorgar beneficios a quienes denuncien irregularidades en cualquier entidad pública. De esta manera, los infractores pueden ser investigados o sancionados administrativamente. Esta ley protege la identidad del denunciante, garantiza la confidencialidad de la denuncia e, incluso, concede un porcentaje del producto de los fondos recuperados a la persona que realizó la acusación.
El informe de la OIT también resalta que esta cultura no surge únicamente de las leyes, sino también del liderazgo institucional, la capacitación, la sensibilización y el compromiso permanente con los valores de integridad. Así, construir este tipo de cultura beneficia a toda la organización: favorece la detección temprana de problemas, fortalece la confianza entre empleadores y trabajadores, y ayuda a contribuir en la mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
“Sin embargo, la herramienta esencial para consolidar estos objetivos es el diálogo social, cuyo objetivo es generar consenso y crear una paz laboral. Con este recurso se pueden diseñar políticas de protección más eficaces y que pueden ser adaptadas a las realidades de cada institución. A través del intercambio de experiencias y la cooperación entre ambas partes, se establecen mecanismos que generan confianza para los denunciantes, pero también refuerzan la prevención de irregularidades de forma constante”, agrega el experto.
El diálogo social facilita la elaboración conjunta de procedimientos internos, programas de formación y campañas de información que ayudan a que las personas conozcan todos los canales de denuncia disponibles. Es así como los trabajadores comprenden la importancia de actuar con responsabilidad y buena fe, debido a que, con estas herramientas, tienen evidencia palpable de que las autoridades están actuando y que los protegerán cuando deban realizar una denuncia.
“La combinación de una sólida cultura organizacional y un diálogo social permanente contribuye a crear instituciones más transparentes, resilientes y orientadas al interés público. La protección de los denunciantes no debe entenderse únicamente como un mecanismo de respuesta ante situaciones específicas, sino como parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional y mejora continua de los servicios públicos”, concluye Carrión Crespo.
