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Washington, Estados Unidos AFP
El gobierno anunció el 23 de julio aranceles generalizados de entre el 10% y el 12.5% sobre 60 socios comerciales de Estados Unidos, luego de una investigación que los acusa de permitir el suministro de bienes de países que recurren a trabajo forzado.
Sin nexos
“No existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados” que impuso la oficina del Representante Comercial (USTR), argumentó la coalición de estados en su demanda.
Los aranceles se impusieron tras investigaciones de la USTR sobre denuncias de “trabajo forzado”, realizadas en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Desde que asumió el cargo, Trump ha trastocado el comercio mundial al imponer aranceles de amplio alcance tanto a aliados como a adversarios.
Trump ha sostenido que los socios comerciales de Estados Unidos se han estado aprovechando de la mayor economía del mundo, y ha buscado utilizar los aranceles como palanca para lograr nuevos acuerdos comerciales.
Su primera ronda de aranceles fue anulada por la Corte Suprema en febrero, por lo que Trump los reemplazó con un gravamen global del 10%.
Los nuevos aranceles de la Sección 301 sustituyeron ese gravamen y entraron en vigor cuando el arancel del 10% expiró el 24 de julio.
Pretexto
En sus alegatos, los estados gobernados por demócratas argumentaron que las investigaciones de la Sección 301 fueron “un esfuerzo simulado e ilegal para ejercer un poder arancelario sin restricciones”, según acta de la demanda.
El documento expone las declaraciones de funcionarios de la administración Trump y sostiene que las investigaciones del USTR de la Sección 301 fueron apresuradas y prejuzgaban el resultado.
“Los estados demandantes se oponen al trabajo forzoso y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo. Pero la Administración no puede utilizar el trabajo forzoso como pretexto para seguir con su ilegal esquema arancelario”, arguyen.
Tribunal
Una vez la Corte Suprema emitió su veredicto sobre los poderes presidenciales para aplicar aranceles, el gobierno utilizó los mecanismos a su alcance, por lo que el éxito de esta nueva demanda es una incógnita.
Los demandantes señalan en particular la ausencia de un mecanismo que permita a los países sancionados ver cómo los derechos de aduana finalizan si ponen término a las prácticas denunciadas, lo cual es contrario al texto de la ley.
“En lugar de tomar medidas que podrían combatir el trabajo forzado, la USTR ha llegado a una conclusión inevitable con el fin de imponer derechos de aduana próximos a aquellos que los tribunales han anulado en dos ocasiones”, denunció la fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, que forma parte de los estados demandantes.