Institucionalidad como pilar de crecimiento en infraestructura
Agenda co
Vladimir Popov
Director del Área de Proyectos e Infraestructura del Estudio Olaechea
Su éxito depende menos de la agenda de cada gestión entrante que de la solidez de las instituciones que los sostienen y, por otro lado, la falta de solidez de las instituciones, en gran medida termina llevando al fracaso los proyectos que podrían haber sido exitosos.
El Perú llega a esta transición con avances objetivos. Entre 2002 y 2025, ProInversión adjudicó 251 proyectos por cerca de US$ 49,000 millones; En 2024, ProInversión alcanzó un récord de 16 adjudicaciones por aproximadamente US$ 9,000 millones, el monto más alto en una década, y hoy gestiona una cartera 2025-2026 que bordea los US$ 15,800 millones. Buena parte de esa cartera, además, está programada para adjudicarse durante el primer año del nuevo gobierno.
Estas cifras importantes tienen detrás el trabajo de equipos técnicos especializados y una credibilidad que ProInversión logró reconstruir en los últimos años a pesar de los escándalos que habían sacudido el sector.
A este resurgimiento se suma la reforma de las APPs introducida por la Ley N° 32441, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 316-2025-EF, que consolidó el rol de ProInversión y simplificó los procesos y fases del ciclo de inversión. La tarea del nuevo gobierno no es solo proteger la institucionalidad de ProInversión y otras entidades exitosas, sino garantizar que la simplificación planteada por la reforma se proteja y dé frutos.
Preservar los avances exige decisiones concretas.
Primero, respetar la meritocracia técnica de la agencia. Hay que entender que la rotación masiva de cuadros especializados destruye una memoria institucional que toma años reconstruir.
Segundo, dar continuidad a la cartera en curso, pues cada postergación encarece los proyectos y aplaza servicios que los ciudadanos esperan.
Tercero, otorgar estabilidad al nuevo marco normativo: reabrir la regulación antes de que madure genera incertidumbre y eleva el costo del capital, porque los inversionistas incorporan el riesgo institucional en sus precios.
Cuarto, y no por eso menos importante, poner objetivos realistas y alineados con la práctica internacional. No es necesario proponer 40 adjudicaciones al año, si es que objetivamente la entidad no está en condiciones de lograrlo, menos aún con un sistema reformado que recién se está empezando a implementar. Un objetivo irreal solo debilitará la imagen y seriedad de la entidad, mientras que plantear objetivos realistas y logrables la fortalecerán.
Nada de esto supone renunciar a la fiscalización ni a los ajustes que la evidencia recomiende. Pero los cambios no pueden ser dictados meramente por intereses políticos, sino que tienen que responder a una necesidad y exigencia real del mercado. Frente a una brecha de infraestructura estimada oficialmente en más de US$ 100,000 millones, que ningún presupuesto público puede cerrar por sí solo, la institucionalidad debe ser el pilar que sostenga el cierre sostenido de esa brecha. La mejor señal que el país puede dar a los mercados y, sobre todo, a sus ciudadanos, es que en el Perú las reglas y las instituciones permanecen cuando los gobiernos cambian.
