Derecho
La norma, que se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 115-2026-EF, precisa también que a partir de su entrada en vigor se entenderá la designación actual del jefe de la entidad, efectuada mediante el artículo 1 de la Resolución Suprema N.° 027-2025-EF, como presidente ejecutivo de la ONP.
Resolución
Además, señala que la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la entidad se aprobará mediante resolución de su titular, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la fecha.
La institución, en un lapso no mayor a cinco días hábiles siguientes de la publicación citada en el párrafo anterior, oficializará el Texto Integrado de su Reglamento de Organización y Funciones, que consolide las secciones Primera y Segunda de ese documento de gestión, remarca.
El decreto supremo aclara que las denominaciones de los puestos continuarán vigentes hasta la aprobación del nuevo cuadro de puestos de la entidad (CPE). La ONP propondrá su modificación en no más de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicada la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones, anota.
Para la aprobación del CPE y Manual de Perfiles de Puestos (MPP) se aplicará lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 4 de la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil.
Procuraduría
La Oficina de Asesoría Jurídica de la ONP, mediante sus abogados o de terceros, continuará ejerciendo la defensa administrativa, arbitral y judicial de la entidad de manera directa, en tanto se implemente la Procuraduría Pública, conforme a las disposiciones que se dicten para esa finalidad, subraya la norma.
A la par, faculta al Tribunal Administrativo Previsional para resolver los expedientes que le hayan sido asignados relacionados con la declaratoria de nulidad de oficio, o que ese tribunal haya dispuesto actuaciones previas a la resolución de dicha materia, a la fecha de entrada en vigor del Reglamento de Organización y Funciones. Además, el decreto supremo incluye en sus competencias la atención de las controversias que se deriven de bonos de reconocimiento, así como bonos y pensiones complementarios.