Derecho
Ello, de conformidad con el Decreto Supremo N.° 008-96-TR, mediante el cual se protegen los derechos laborales de los trabajadores con diagnóstico de cáncer, tanto del sector público como del privado, según detalló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, al presentar los alcances de esta nueva regulación laboral. Entre las medidas previstas se incluyen la implementación del teletrabajo, la flexibilización de la jornada laboral, la adecuación de las condiciones de trabajo o la asignación de funciones afines compatibles con la situación de salud del trabajador.“Con ello se busca garantizar no solo la protección de los derechos laborales, sino también el bienestar y la seguridad en el trabajo. El verdadero impacto de esta norma dependerá de la capacidad para convertir sus disposiciones en una realidad tangible dentro de los centros de trabajo, tanto del sector privado como del público”, aseveró.Asimismo, señaló que en 2025 la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) detectó 36 casos de despidos, mientras que en lo que va de 2026 ya se registran 30 casos.“El objetivo de esta norma es reafirmar el compromiso del sector Trabajo con la protección de la dignidad de las personas diagnosticadas con cáncer, la igualdad de oportunidades y la permanencia en sus puestos de trabajo. Esta regulación incorpora además medidas concretas que garantizan la protección frente a actos discriminatorios y promueven condiciones laborales compatibles con las necesidades de salud de quienes atraviesan esta enfermedad”, explicó el titular del MTPE.El ministro detalló que la norma establece de manera expresa que ningún trabajador puede ser despedido por el solo hecho de enfrentar el diagnóstico de una enfermedad de esta naturaleza, por su tratamiento médico o por las consecuencias derivadas del mismo. En ese sentido, se declara la nulidad de dichos despidos, fortaleciendo la protección de los trabajadores en situación de vulnerabilidad.Destacó asimismo la importancia de adecuar las condiciones de trabajo a las necesidades de salud de las personas diagnosticadas con cáncer.En ese contexto, hizo un llamado a entidades como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), a fin de fortalecer las acciones de supervisión y difusión de los derechos laborales, así como garantizar su cumplimiento y el acceso a la justicia de los trabajadores.Asimismo, exhortó a los empleadores a desempeñar un rol fundamental en la construcción de entornos laborales libres de discriminación, donde la adaptación de los puestos de trabajo y el respeto por la salud de las personas sean entendidos no solo como una obligación legal, sino también como una expresión de responsabilidad social y compromiso humano.Durante el evento, el paciente con cáncer de próstata Miguel Paz Baldera señaló que esta norma contribuye a cerrar una brecha que afectaba a los pacientes oncológicos, evitando que sean desvinculados laboralmente a causa de su enfermedad. “Este decreto es histórico porque revalora la vida de quienes enfrentan el desafío de superar esta enfermedad”, afirmó.Asimismo, Ana María Hi López relató que, tras ser diagnosticada con cáncer de mama, contó con el apoyo de su familia y compañeros de trabajo, lo que le permitió continuar laborando sin mayores preocupaciones. “Mientras atravesaba el tratamiento, comprendí que no todas las personas tienen la misma suerte. Muchas veces, además de luchar contra la enfermedad, existe la incertidumbre de perder el empleo”, indicó.Agregó que recibe con “alegría, esperanza y gratitud” el lanzamiento del reglamento de protección laboral para personas trabajadoras con cáncer, pues reconoce que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia de esfuerzo. “Reconoce que quien enfrenta el cáncer necesita concentrarse en su recuperación, sin vivir con el temor de perder su trabajo”, precisó.A la presentación de la norma asistieron la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer; la congresista Marleny Portero López, autora del proyecto de ley que dio origen a esta regulación; el viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza Iparraguirre; el presidente de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, entre otros.