El Perú no enfrenta un problema de diagnóstico en infraestructura. Las brechas están identificadas, priorizadas y cuantificadas. El verdadero desafío ha sido –y sigue siendo– la ejecución. En ese contexto, la actualización del Reglamento de Obras por Impuestos (OxI) en 2026 marca un punto de inflexión relevante. No porque cambie la esencia del mecanismo, sino porque mejora varias de las fricciones que limitaban su escalabilidad.
Durante años, el mecanismo OxI demostró ser una herramienta efectiva para canalizar inversión privada hacia proyectos públicos. Sin embargo, su crecimiento estuvo condicionado por tres factores: recuperación financiera lenta, restricciones en la capacidad de inversión subnacional y un alcance limitado del tipo de intervenciones.
El nuevo reglamento aborda estos tres frentes de manera directa. El primer cambio clave es la flexibilización en la emisión del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) y el Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN). Permitir su entrega en periodos más cortos, incluso menores a tres meses, alinea la recuperación tributaria con el avance real del proyecto. Este ajuste tiene un impacto inmediato en el flujo de caja del inversionista y reduce el costo financiero asociado a la ejecución.
En términos prácticos, el mecanismo OxI se vuelve más competitivo frente a otras alternativas de inversión. La liquidez, que antes era una barrera, pasa a ser un incentivo.
El segundo cambio relevante es la incorporación del criterio de “espacio fiscal” en el cálculo del Tope Máximo de Capacidad Anual (TMCA) para gobiernos regionales y locales, lo que corrige una limitación estructural: la subutilización de capacidad de inversión en territorios que, pese a contar con recursos, no podían ejecutarlos bajo las reglas anteriores. El efecto esperado es una expansión del portafolio de proyectos viables y una mayor dinamización de la inversión en regiones.
El tercer cambio estratégico es la ampliación del alcance del mecanismo. La inclusión de operación y mantenimiento, así como intervenciones en vivienda rural, planificación territorial y servicios esenciales en salud, educación y saneamiento, para atender oportunamente en zonas rurales, de frontera o en emergencia. Lo que convierte al mecanismo en una herramienta más flexible y efectiva para cerrar brechas, pasando de un enfoque centrado en obras a un enfoque integral que incluye prestación de servicios.
Ello resulta particularmente relevante porque el valor público no se agota en la construcción de infraestructura, sino en su funcionamiento sostenido en el tiempo. Para el sector privado, la modificación abre oportunidades en esquemas de participación más sofisticados y de mayor plazo.
A estos ajustes se suma una mejora en la claridad de las reglas: definición más precisa de roles, mayor orden en los procesos y fortalecimiento de mecanismos de control. En un entorno donde la incertidumbre regulatoria ha sido históricamente un freno, este tipo de avances tiene un efecto directo en la toma de decisiones de inversión.
De esta manera, el nuevo Reglamento OxI redefine el posicionamiento del mecanismo. Deja de ser visto únicamente como una herramienta tributaria o de responsabilidad social, y empieza a consolidarse como un instrumento estratégico dentro del portafolio de inversión de las empresas.
Sin embargo, el cambio normativo, por sí solo, no garantiza resultados. El desafío sigue siendo la ejecución: identificar proyectos de calidad, estructurarlos adecuadamente y ejecutarlos con eficiencia.
El Perú ha avanzado en mejorar las reglas del juego. Ahora, la diferencia la marcará la capacidad de usarlas con visión estratégica.
