Editorial
No se trata solo de una cuestión moral, aunque lo es en esencia. Se trata también de un imperativo democrático. Una sociedad que admite la descalificación de personas por su origen, su apariencia o su lugar de procedencia socava las bases mismas de la igualdad ante la ley. En ese sentido, la condena social del racismo no puede ser selectiva ni coyuntural; debe ser constante, firme y transversal, especialmente en un entorno digital donde los mensajes se amplifican con rapidez y alcanzan audiencias masivas.
Pero la condena, por sí sola, resulta insuficiente si no está acompañada de mecanismos efectivos de sanción. El ordenamiento jurídico peruano contempla el delito de discriminación en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona conductas que incitan o promueven el trato desigual por motivos raciales, entre otros. No obstante, la aplicación de esta norma ha sido irregular, lo que alimenta una sensación de impunidad. Cuando la discriminación no tiene consecuencias claras, el mensaje que se transmite es que tales conductas son tolerables.
Fortalecer la capacidad de la justicia para investigar y sancionar estos casos es, por tanto, una tarea urgente. Ello implica no solo la actuación diligente de la Fiscalía y el Poder Judicial, sino también el compromiso de las instituciones públicas para denunciar y acompañar estos procesos. La señal debe ser inequívoca: el racismo no es una opinión, es una vulneración de derechos.
Sin embargo, reducir el problema a su dimensión punitiva sería quedarse en la superficie. El racismo en el Perú no es únicamente el resultado de expresiones individuales de intolerancia; es también la manifestación de estructuras históricas de desigualdad que han situado a determinados grupos en posiciones de desventaja sistemática. Combatir este fenómeno exige, en consecuencia, políticas públicas sostenidas que apunten a transformar esas condiciones de fondo.
La educación cumple aquí un rol central. Incorporar de manera efectiva contenidos sobre diversidad cultural, historia y ciudadanía intercultural desde las etapas más tempranas puede contribuir a desmontar prejuicios arraigados. A ello se suma la necesidad de promover una representación más equilibrada y respetuosa en los medios de comunicación y en las plataformas digitales, espacios donde se construyen imaginarios colectivos.
En última instancia, enfrentar el racismo estructural implica reconocerlo sin evasivas y asumir que su erradicación es una responsabilidad compartida. No basta con reaccionar ante episodios puntuales; se requiere una acción sostenida del Estado, la sociedad civil y los propios ciudadanos. Solo así será posible avanzar hacia un país en el que la diversidad no sea motivo de exclusión, sino un pilar de convivencia democrática.