• MIÉRCOLES 1
  • de abril de 2026

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OEFA: 78% de denuncias ambientales de los subsectores Vivienda y Construcción están vinculadas a edificaciones

Durante la inauguración, el gerente general del OEFA, Hugo Ortega Polar, destacó que, en el marco de las nuevas competencias asumidas por la entidad, tras la reciente transferencia de funciones de fiscalización ambiental del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, “se han incorporado más de 700 unidades fiscalizables de un sector clave para el desarrollo del país. Nuestro enfoque es claro: prevenir riesgos ambientales mediante orientación y acompañamiento”, señaló Ortega Polar.

En la capacitación se abordaron temas como certificación ambiental, obligaciones según tipo de proyecto, supervisión, procedimiento sancionador y cálculo de multas, así como herramientas digitales para fortalecer la fiscalización.

Durante su participación en la clausura del evento, la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Romina Caminada, sostuvo que estas acciones buscan “brindar mayor claridad, seguridad jurídica y confianza a quienes desarrollan proyectos en el país”.

En el desarrollo de la jornada, el OEFA informó que cerca del 78% de las denuncias ambientales del sector están vinculadas a edificaciones. Además, los principales problemas reportados en los últimos cinco años son: generación de ruidos, emisión de polvo, manejo de residuos de la construcción y demolición, manejo de aguas residuales, así como el movimiento de tierra para habilitaciones urbanas.

Participaron también representantes del Consejo Directivo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), del Colegio de Arquitectos del Perú, gremios empresariales, así como funcionarios de gobiernos regionales y locales vinculados a la evaluación y otorgamiento de habilitaciones urbanas y licencias de edificación, entre otros.

Enfoque preventivo y territorial

El OEFA advierte que los subsectores Vivienda y Construcción involucran a diversas empresas, gobiernos regionales y más de 1,800 municipalidades con competencias para autorizar proyectos, por lo que el fortalecimiento de capacidades y la estandarización de criterios es clave para prevenir conflictos ambientales. En ese sentido, la entidad impulsa capacitaciones y supervisiones orientativas para mejorar el cumplimiento normativo, reducir riesgos ambientales y disminuir las denuncias de la ciudadanía.


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