Editorial
“Solo con una estrategia integral y sostenida será posible avanzar hacia un objetivo que hoy constituye una prioridad nacional: garantizar el orden público [...]”.
No solo eso. El número de policías en el país resulta insuficiente en relación con las necesidades de seguridad de la población y con los estándares internacionales recomendados para asegurar una cobertura adecuada. Esta realidad se vuelve particularmente visible en las zonas urbanas más densamente pobladas, donde el desafío es mayor.
Estas brechas limitan la capacidad del Estado para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia y al crimen organizado, que ha alcanzado niveles de peligrosidad cada vez mayores, y dificultan, además, garantizar una presencia policial suficiente en las calles, que es precisamente una de las principales demandas de la ciudadanía.
En respuesta a ello, el Gobierno acaba de autorizar el egreso y la graduación excepcional de 5,655 alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, una medida relevante para fortalecer la seguridad. Los estudiantes pertenecen a la promoción 2024-II ‘Protección Ciudadana’, en las especialidades de Orden y Seguridad e Investigación Criminal, al culminar su cuarto período académico.
Esta disposición responde a razones de interés nacional, en un contexto marcado por el incremento de la delincuencia y una elevada percepción de inseguridad entre la población. Delitos como el crimen organizado, la extorsión, el homicidio y el robo agravado representan hoy una amenaza directa para la convivencia social y para el normal desarrollo de las actividades económicas.
En un escenario así, el personal policial constituye el principal recurso del Estado para garantizar el orden interno y el cumplimiento de la ley. Se espera, por ello, que los cerca de 6,000 nuevos egresados cuenten con la preparación necesaria para asumir con responsabilidad su misión.
Al mismo tiempo, corresponderá al alto mando de la Policía adoptar las decisiones que permitan traducir este refuerzo institucional en una mayor presencia efectiva de agentes en las calles, priorizando las labores de patrullaje, de modo que el despliegue operativo prevalezca sobre las tareas administrativas que pueden ser racionalizadas.
El Ejecutivo da un paso importante con la adopción de esta medida, que va acompañada del fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía. El impacto de estos esfuerzos podrá potenciarse aún más en la medida en que continúe consolidándose el funcionamiento de las unidades de flagrancia y se garantice la actuación diligente y firme del sistema de justicia frente a quienes vulneran la ley. Solo con una estrategia integral y sostenida será posible avanzar hacia un objetivo que hoy constituye una prioridad nacional: garantizar el orden público y devolver a los ciudadanos la tranquilidad que legítimamente demandan.