Derecho
La iniciativa fue aprobada con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, e incorpora el artículo 132-A a la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (LOE), reconociendo este beneficio tanto para trabajadores del sector público como del sector privado.El texto establece que el descanso se hará efectivo al día siguiente de la jornada electoral, pudiendo acordarse una fecha distinta dentro de los treinta días calendario posteriores. Asimismo, dispone que las horas no laboradas deberán ser compensadas dentro de dicho plazo, previo acuerdo entre empleador y trabajador.El vicepresidente de la comisión, Luis Ángel Aragón Carreño (Acción Popular), señaló que la propuesta “busca establecer un mecanismo de incentivo que facilite la participación ciudadana en labores de fiscalización electoral”, y subrayó que la medida fortalece la transparencia y el control del proceso electoral, sin alterar las reglas de competencia entre organizaciones políticas.En esa línea, se precisó que la iniciativa no modifica aspectos sustantivos del proceso electoral, sino que reconoce la importancia del rol de los personeros en la vigilancia de los actos de instalación, sufragio y escrutinio, promoviendo una mayor presencia de estos actores en los centros de votación.El dictamen establece, además, que el derecho deberá acreditarse ante el empleador mediante la presentación de la credencial correspondiente, emitida conforme a la normativa electoral, la cual tendrá carácter de declaración jurada.Respecto de su vigencia, la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y el Jurado Nacional de Elecciones deberá aprobar su reglamentación en un plazo máximo de cinco días calendario.Durante el debate, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) expresó su oposición a la propuesta, al señalar que podría generar una carga económica injustificada para el Estado y el sector privado, al tratarse de una función de carácter voluntario vinculada a organizaciones políticas.Control constitucionalEn otro momento de la sesión, la comisión aprobó en bloque diez informes sobre decretos legislativos, en el marco del control posterior de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú.La aprobación se realizó por mayoría (15 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones), con excepción del Decreto Legislativo N.° 1632, que obtuvo 13 votos a favor, 5 abstenciones y 3 en contra.Los decretos revisados son:-Decreto Legislativo N.° 1568, que regula el régimen de la propiedad horizontal.-Decreto Legislativo N.° 1621, que establece el retorno gradual a las reglas macrofiscales para el Sector Público No Financiero.-Decreto Legislativo N.° 1625, que modifica los artículos 154-B y 158 del Código Penal e incorpora el artículo 5-A en la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, para fortalecer el marco normativo sobre la difusión de contenido sexual mediante tecnologías digitales.-Decreto Legislativo N.° 1627, que promueve el despliegue de servicios públicos de telecomunicaciones mediante tecnología 5G o superior.-Decreto Legislativo N.° 1632, que deroga la Segunda Disposición Final de la Ley N.° 28588.-Decreto Legislativo N.° 1633, que modifica el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-Decreto Legislativo N.° 1635, que regula las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI).-Decreto Legislativo N.° 1636, que modifica la Ley N.° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.-Decreto Legislativo N.° 1663, que modifica la Ley del Impuesto a la Renta.-Decreto Legislativo N.° 1676, que modifica el artículo 24-A de la Ley N.° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.Sustentación de proyecto de leyFinalmente, la comisión escuchó la sustentación del Proyecto de Ley N.° 01627/2021-CR, de autoría del congresista Edwin Martínez Talavera (Acción Popular), que propone la derogatoria de los contratos ley.
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