JNE propone fijar en 10 años la extinción de impedimento de postular por delitos dolosos
No obstante, rehabilitación electoral estará supeditada al pago de la reparación civil.
Según señala en su exposición de motivos, la propuesta normativa tiene por objeto “uniformizar la regulación de los impedimentos electorales derivados de condena penal”, debido a que actualmente rige un vacío que se prestaba a diversas interpretaciones por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE).
El nuevo plazo rige tanto para las elecciones generales, las elecciones regionales y las elecciones municipales, por lo que rige para los candidatos de los tres ámbitos electorales.
En el caso de los candidatos a presidente de la república, vicepresidentes, se modifica el artículo 107 de la Ley Orgánica de elecciones, para señalar que no podrán ser candidatos:
"Las personas condenadas por delito doloso, en calidad de autoras o cómplices, a pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, mediante sentencia consentida o ejecutoriada. El impedimento para postular se extingue transcurridos diez (10) años, contados desde el cumplimiento íntegro de la pena impuesta y de la medida complementaria, de correspondiente. La postulación queda, además, condicionada a que haya obtenido la declaración de autoridad por parte del Poder Judicial y que no pendiente la reparación civil correspondiente".
Este mismo tenor se repite para los casos de congresistas, elecciones regionales y municipales.
La nueva normativa introduce como condicionante, además del plazo de extinción del impedimento, la declaración de rehabilitación por parte del Poder Judicial y que no tenga pendiente el pago de la reparación civil correspondiente.
En el oficio remitido al Congreso, el JNE señala que su propuesta tiene por finalidad “fortalecer la seguridad jurídica y predictibilidad del proceso electoral mediante restricciones objetivas, temporales y condicionadas al derecho fundamental a ser elegido, en concordancia con la Constitución Política, jurisprudencia constitucional y estándares internacionales de derechos humanos”.
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