Opinión
Periodista
ccapunay@editoraperu.com.pe
Para los autores existen dos grandes tipos de instituciones. Por un lado, las instituciones inclusivas, aquellas que distribuyen el poder político, protegen los derechos de propiedad y generan reglas estables que permiten a los ciudadanos invertir, innovar y emprender. Por otro lado, las extractivas, diseñadas para concentrar el poder en manos de una élite y extraer riqueza del resto de la sociedad.
Las primeras favorecen el crecimiento sostenido; las segundas tienden a producir economías frágiles y sociedades desiguales.
Acemoglu y Robinson ilustran esta idea con ejemplos históricos muy conocidos. El contraste entre Corea del Sur y Corea del Norte es quizá el más citado: dos países con una historia y una cultura similares, pero con resultados económicos distintos debido al tipo de instituciones que adoptaron.
¿Puede esta explicación ayudarnos a entender al Perú?
En cierta medida, sí. La historia republicana peruana muestra largos períodos en los que el poder político y económico se concentró en grupos reducidos. Durante la llamada República Oligárquica, por ejemplo, la participación política estuvo limitada y amplios sectores de la población quedaron excluidos de los beneficios del crecimiento.
Incluso en décadas más recientes, la debilidad de los partidos, la captura de instituciones por intereses particulares y la recurrente inestabilidad gubernamental han dificultado la construcción de un Estado sólido. La sucesión constante de presidentes es un recordatorio de esa fragilidad.
Sin embargo, el caso peruano también introduce matices. A diferencia de los sistemas claramente extractivos, el país ha logrado consolidar algunas instituciones técnicas que han mantenido estándares de estabilidad y profesionalismo. El Banco Central de Reserva es quizá el ejemplo más visible de cómo una institución autónoma puede contribuir a sostener la estabilidad económica incluso en contextos políticos turbulentos.
Desde esta perspectiva, el Perú parece moverse en un terreno intermedio: un país donde ciertas instituciones funcionan razonablemente bien, pero donde las instituciones políticas continúan siendo frágiles e incapaces de generar reglas duraderas.
Acemoglu y Robinson han recibido críticas por simplificar procesos históricos complejos y por subestimar factores culturales o geopolíticos. Sin embargo, su argumento continúa siendo una advertencia relevante.
Al final, el desarrollo de un país no depende solo de recursos naturales o de ciclos económicos favorables. Depende, sobre todo, de la capacidad de sus instituciones para distribuir el poder, garantizar reglas claras y evitar que el Estado se convierta en instrumento de unos pocos. Allí reside, quizá, uno de los desafíos centrales del Perú contemporáneo.