Derecho
Esta estrategia busca asegurar una correcta formulación de la denuncia, proteger la integridad de las víctimas y facilitar el acceso a mecanismos de protección del Estado.
En caso de un evento delictivo, el operador afectado puede denunciar en Lima y Callao ante la División de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú, donde se realiza una evaluación del nivel de riesgo para otorgar la reserva de identidad, o ante la Fiscalía de Crimen Organizado del Ministerio Público, que dispone la reserva automática conforme a la Resolución n.° 098-2026-MP-FN.
En el Callao, además, se cuenta con el portal web “Estamos Hartos”, administrado por la Región Policial Callao, como canal adicional de denuncia.
Tras el proceso, las autoridades establecen medidas de protección según el Decreto Supremo n.° 009-2025-IN, que incluyen el uso del botón de pánico antiextorsivo y patrullaje asistido.
De manera complementaria, la Ley n.° 32490 y el D.S. n.° 009-2026-PCM contemplan acciones extraordinarias como apoyo psicológico del Ministerio de Salud, acceso a un fondo de compensación del Ministerio de Justicia y programas de reinserción laboral a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Con esta intervención articulada, la ATU reafirma su compromiso de proteger a quienes brindan el servicio de transporte público y promover un entorno seguro para operadores y usuarios en Lima y Callao.
El @TC_Peru pone límites a procesos penales indefinidos. Revisa la última sentencia sobre prescripción https://t.co/IaKYWrtMGY pic.twitter.com/u3Uw22OO2B
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) March 2, 2026