Derecho
La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 0001-2026/SEL-Indecopi, que confirmó el pronunciamiento de primera instancia contenido en la Resolución 0265-2025/CEB-Indecopi.
Las barreras burocráticas declaradas ilegales estaban materializadas en el literal s) del artículo 9 y en el numeral 12.4 del artículo 12 del Reglamento del Régimen Excepcional aprobado por RPE N.º 203-2023-ATU/PE, así como en los procedimientos con códigos PA43169031B y PA431694074 del TUPA de la ATU, incorporados por el Decreto Supremo N.º 002-2025-MTC.
Según la sala, ni la ATU ni el MTC cuentan con competencia para exigir declaraciones vinculadas al cumplimiento de obligaciones laborales, pues dicha función corresponde a autoridades especializadas como la Sunafil. En ese sentido, ambas entidades excedieron la Ley 30900 al incorporar un requisito ajeno a la regulación sectorial del transporte.
Límites
El pronunciamiento del Indecopi precisa que la decisión se limita a la exigencia formal de la declaración jurada y no exime a los operadores del cumplimiento de la normativa laboral vigente.
Fiscalización, además, que sigue a cargo de las autoridades competentes.