• JUEVES 5
  • de marzo de 2026

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Una decisión estratégica pendiente

Editor
Christian Capuñay Reátegui

Periodista

ccapunay@editoraperu.com.pe

El diagnóstico es conocido: la capacidad de caza e interceptación del país descansa hoy en plataformas que superan las cuatro décadas de servicio y que, no obstante sucesivos programas de modernización, enfrentan límites crecientes de obsolescencia, disponibilidad y sostenimiento. En esas condiciones, la misión esencial de control y defensa del espacio aéreo –y, por extensión, la credibilidad de la disuasión– se ve sometida a una presión operacional que no puede ignorarse.

Sin embargo, el proceso de selección se ha extendido sin que se comuniquen con claridad el cronograma y los hitos de decisión. En su momento, el alto mando de la FAP indicó que, a más tardar, en el primer trimestre del 2025 se anunciaría la aeronave elegida entre tres opciones: el F-16 estadounidense, el Gripen sueco o el Rafale francés. A la fecha, no se ha confirmado una definición. Lo que ha trascendido, de manera general, es que las instancias competentes continúan una evaluación exhaustiva, como corresponde a una inversión estratégica de esta magnitud.

El problema de una dilación prolongada no es solo técnico o administrativo, es también político. En un contexto de alta volatilidad institucional y cambios frecuentes de autoridades, el costo de oportunidad de postergar decisiones de Estado se incrementa: la ventana política para materializar una modernización puede cerrarse, sea por presiones presupuestales, por oposición sectorial o por simple discontinuidad gubernamental. En materia de defensa, la indecisión tiende a convertirse en vulnerabilidad.

Por ello, resultaría razonable que el Estado defina una posición explícita: o bien confirmar la operación con un calendario verificable, o bien descartarla y comunicar la alternativa que se adoptará para sostener la capacidad de defensa aérea. La claridad no es un lujo; es un requisito para planificar, asignar recursos y gestionar riesgos. Si la compra prosigue, el país necesita saber con qué plazos y bajo qué condiciones. Si no continúa, los responsables del sector deben contar con un marco cierto para cumplir su misión constitucional aun con restricciones materiales.

En paralelo, en semanas recientes se ha especulado con una eventual preferencia por el F-16 ofrecido por Estados Unidos. De confirmarse, la decisión debería explicitar la ponderación de criterios técnicos –capacidad, armamento, sensores, disponibilidad, sostenimiento, costo de ciclo de vida, infraestructura requerida, entrenamiento y plazos de entrega– frente a consideraciones de política exterior e interoperabilidad. En adquisiciones de sistemas de armas críticos, el punto no es negar la dimensión geopolítica (que existe), sino evitar que esta sustituya el análisis técnico y la evaluación de riesgos estratégicos de largo plazo.

En suma, la modernización de la defensa aérea no admite improvisación ni opacidad. Si el objetivo es fortalecer la disuasión y garantizar el control efectivo del espacio aéreo, la decisión debe sostenerse en criterios verificables, una gobernanza clara del proceso y una comunicación pública responsable.

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