Editorial
“Este escenario exige afianzar una respuesta sostenida de los tres niveles de gobierno y que sitúe en el centro la protección de la vida y los medios de subsistencia de la población.”
Las cifras son elocuentes. Hasta el último viernes, las precipitaciones intensas habían dejado 68 personas fallecidas, tres desaparecidas, 8,903 damnificadas, 87,496 afectadas y 13,723 con daños en sus medios de vida a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). A ello se suman 787.37 kilómetros de vías vecinales afectadas, 82.51 kilómetros de vías vecinales destruidas y 90.07 kilómetros de vías urbanas afectadas, lo que evidencia la magnitud del impacto y la necesidad de intervenciones oportunas y articuladas.
En este contexto, la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, lideró recientemente la cuarta reunión del equipo multisectorial encargado de coordinar la atención de estas emergencias. La sesión se desarrolló en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, donde representantes de distintos ministerios e instituciones informaron sobre las intervenciones ejecutadas y en curso en las zonas más afectadas de las regiones Piura, Lambayeque, La Libertad, Tumbes, Arequipa, Moquegua y Lima Metropolitana.
El acuerdo de sostener reuniones diarias con reportes del Indeci fortalece la toma de decisiones inmediatas. A ello se suman cuatro declaratorias de estado de emergencia, que comprenden hasta hoy 699 distritos y habilitan acciones de respuesta rápida bajo liderazgo regional y local.
En Arequipa, una de las regiones más golpeadas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desplegó maquinaria pesada y equipos técnicos especializados para la remoción de escombros, la recuperación de la transitabilidad y el empadronamiento de las familias con miras a la entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias. Asimismo, el Ejército movilizó batallones en sectores como Cerro Colorado para ejecutar labores de limpieza y apoyo a la población, mientras que el Ministerio de Salud garantizó la operatividad de 62 establecimientos de salud pese a las persistentes precipitaciones.
Este escenario exige afianzar una respuesta sostenida de los tres niveles de gobierno y que sitúe en el centro la protección de la vida y los medios de subsistencia de la población. La gestión del riesgo debe consolidarse como política pública permanente, con intervenciones inmediatas en el territorio y acciones preventivas que reduzcan la exposición al peligro. En momentos como este la unidad es imprescindible para enfrentar la emergencia con eficacia. Proteger a las personas frente a fenómenos recurrentes constituye un deber irrenunciable del Estado y un compromiso con el desarrollo del país.