Opinión
Comunicador y gestor cultural
Las actividades comerciales operan bajo dinámicas de mercado consolidadas, mientras que los proyectos culturales —librerías, teatros independientes, centros culturales, ferias del libro o espacios de lectura— generan valor social, educativo y simbólico que no siempre se traduce en ingresos directos. Cuando compiten en igualdad de condiciones por el uso de espacios municipales, quedan sistemáticamente en desventaja.
Esta situación se evidencia en la gestión de ferias culturales. Cuando organizamos con Chrisel Arquiñigo la feria de libros “Ciudad con Cultura” en diversos distritos, el costo de alquiler del espacio municipal era el mismo que para una feria gastronómica, inmobiliaria o comercial. Esta equiparación tarifaria, aparentemente neutral, desconoce que la cultura genera valor público, fomenta el acceso al conocimiento, fortalece la identidad local y contribuye al desarrollo ciudadano, por lo que no debería ser tratada bajo una lógica homogénea de mercado.
Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que el acceso a la lectura y a bienes culturales en el Perú sigue siendo desigual, especialmente fuera de los principales centros urbanos. Asimismo, el Ministerio de Cultura ha señalado brechas importantes en infraestructura cultural y en el acceso descentralizado a servicios culturales. En ese contexto, los espacios municipales se convierten en un recurso estratégico para democratizar el acceso al libro y a la cultura.
La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972) establece la autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos locales, así como su facultad para administrar sus bienes y suscribir contratos en función del interés público. Este marco permite implementar políticas diferenciadas cuando se trata de actividades con impacto social, educativo o cultural.
Por ello, es necesario impulsar una modificación de la LOM que incorpore un enfoque cultural explícito en la gestión de bienes municipales. Se propone establecer un régimen especial de uso y alquiler de espacios públicos para proyectos culturales, con beneficios como descuentos significativos —por ejemplo, hasta un 50%— para iniciativas culturales acreditadas. No se trata de un privilegio sectorial, sino de corregir una falla estructural del mercado cultural.
Además, pueden articularse mecanismos de compensación económica que reconozcan el valor público de la cultura. Experiencias como el pago de deudas tributarias mediante servicios muestran que es viable innovar en la gestión pública. Bajo esa lógica, librerías, centros culturales y gestores podrían compensar parcialmente obligaciones tributarias mediante actividades culturales gratuitas: talleres, funciones, exposiciones o programas de formación cultural, transformando el tributo en inversión social directa.
Asimismo, los espacios culturales deberían acceder a beneficios similares a los de los locales educativos, reconociendo su función formativa. Las municipalidades deben pasar de ser arrendadoras pasivas a agentes activos de dinamización cultural, contratando servicios culturales para beneficio de sus vecinos y fortaleciendo el ecosistema cultural local.
En esencia, este debate exige un cambio estructural y legislativo en la Ley Orgánica de Municipalidades. Se requiere un cambio cultural en la normativa municipal que reconozca que la cultura genera valor público y merece un tratamiento diferenciado en el uso de bienes municipales. No basta con ajustes administrativos aislados; es necesario incorporar un enfoque cultural en la arquitectura normativa del gobierno local.
En un país donde el acceso al libro y a la cultura sigue siendo limitado, la política municipal puede convertirse en una herramienta clave de democratización cultural. Modificar la LOM permitiría que los espacios públicos no solo generen ingresos, sino también garanticen el derecho efectivo a la cultura y fortalezcan el capital simbólico que sostiene la memoria, la educación y la vida cultural de la sociedad.