Política
Periodista
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El documento recoge prioridades y líneas de acción orientadas al fortalecimiento del sistema educativo, en concordancia con el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036. Su presentación estuvo a cargo del presidente del CNE, Luis Lescano, quien expuso los principales alcances durante una sesión informativa del Acuerdo Nacional. En su intervención, destacó la necesidad de construir consensos amplios que aseguren la continuidad de las políticas educativas más allá de los períodos de gobierno y permitan enfrentar de manera sostenida los desafíos estructurales del país en calidad, equidad e inclusión.
Lescano recalcó que la educación debe constituirse en un eje articulador de los planes de gobierno. En esa línea, señaló que los partidos pueden enriquecer sus propuestas incorporando prioridades que garanticen sostenibilidad, articulación intergubernamental y reformas orientadas al cierre de brechas, al fortalecimiento de la gestión descentralizada y a la garantía del derecho a una educación de calidad durante el próximo quinquenio.
El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, resaltó la relevancia de consolidar la educación como uno de los ejes fundamentales del consenso político y del desarrollo nacional. Recordó que las líneas de acción planteadas por el CNE se enmarcan en el PEN al 2036, concebido como desarrollo de la 12a Política de Estado: Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad, así como Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.
Con la entrega del Plan de Desarrollo de la Educación Peruana (PDEP), el CNE busca fortalecer el debate programático con miras a las Elecciones Generales 2026 y aportar insumos técnicos que respalden decisiones responsables y sostenibles en materia educativa. Asimismo, reafirma su vocación de contribuir a la construcción de acuerdos nacionales que garanticen el derecho a una educación de calidad para todos los peruanos.
Desde su instalación en el 2002, el CNE ha impulsado esfuerzos para posicionar en la agenda pública los problemas que limitan el desarrollo educativo. Como órgano autónomo, consultivo y concertador, participa en la elaboración y seguimiento del PEN, promoviendo su articulación con planes nacionales y regionales.
En un contexto de polarización y alta rotación de autoridades, el carácter articulador del CNE resulta clave para sostener políticas basadas en evidencia.
Retos estructurales
A cinco años de la aprobación legal del PEN al 2036 persisten retos estructurales: debilidades en la cultura ética y cívica, desconfianza institucional, brechas territoriales, socioeconómicas y lingüísticas, climas escolares deteriorados y limitada articulación entre educación y empleo. También preocupan la baja inversión en ciencia y tecnología, la alta informalidad y las insuficientes capacidades para una transición productiva y ambiental sostenible.
Prioridades educativas
Resumen de las prioridades educativas identificadas para la implementación del Proyecto Educativo Nacional al 2036:
Escuela participativa. Promueve mecanismos permanentes de diálogo –asambleas, consultas y votaciones– para que la comunidad educativa participe en decisiones y mejoras. Impulsa el vínculo escuela-familia-comunidad y el uso de plataformas digitales para la participación estudiantil.
Formación ciudadana. Fortalece competencias ciudadanas mediante el pensamiento crítico, el respeto y la participación democrática. Fomenta la organización estudiantil y la convivencia corresponsable para construir comunidades cohesionadas.
Atención integral de la primera infancia. Plantea una gobernanza intersectorial y descentralizada que articule salud, educación y protección desde la gestación, con inversión sostenida, fortalecimiento familiar y educación sexual integral para prevenir el embarazo adolescente.
Educación socioemocional. Incorpora competencias socioemocionales de forma transversal y mejora la tutoría y orientación. Propone un sistema nacional de monitoreo que genere evidencia para decisiones enfocadas en bienestar.
Convivencia sin violencia. Articula sectores para prevenir y erradicar la violencia escolar con enfoques de derechos, prevención y restauración, garantizando acceso a bienestar y salud mental.
Política Curricular Nacional. Actualiza y regula el currículo, asegurando diversificación según contextos. Integra evaluación formativa con nivelación y aceleración para reducir brechas.
Desarrollo profesional docente. Consolida la formación inicial y en servicio con estándares, evaluación formativa, mentoría y revalorización social. Prepara docentes en ciudadanía, sostenibilidad y cambio climático.
Autonomía y liderazgo escolar. Fortalece capacidades directivas, prioriza liderazgo pedagógico y establece carrera meritocrática con soporte y rendición de cuentas para mejorar aprendizajes.
Pertinencia y diversificación. Amplía educación intercultural e inclusiva, con itinerarios flexibles, reingreso y tutoría intensiva para estudiantes en riesgo o con trayectorias interrumpidas.
Educación inclusiva. Implementa el Diseño Universal para el Aprendizaje y servicios de apoyo articulados, minimizando barreras de acceso, permanencia y egreso.
Educación superior y técnica. Desarrolla un sistema regulado con aseguramiento de la calidad, acceso y conclusión, infraestructura pertinente e itinerarios flexibles vinculados con el desarrollo productivo.
Articulación educación–mercado laboral. Implementa el Marco Nacional de Cualificaciones, reconoce competencias –incluso informales– y amplía formación continua conectada a demanda laboral.
Financiamiento del Sinacti. Incrementa inversión en ciencia, tecnología e innovación, articulándola con sectores estratégicos y formando capital humano calificado.
Competencias transversales. Impulsa currículos por competencias y metodologías activas, medición nacional y enfoque STEM+H para ciudadanía crítica e innovación.
Gestión del sistema educativo. Optimiza rectoría, estructura territorial, carrera meritocrática y financiamiento equitativo, con autonomía responsable y decisiones basadas en datos.