Nueve países refuerzan coordinación laboral para enfrentar desafíos económicos
En conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social se realizó un foro regional para fortalecer la agenda de trabajo decente, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos laborales en América Latina y el Caribe.
El foro, realizado de manera virtual, se enmarca en la Declaración Ministerial por la Justicia Social, suscrita en Lima el 4 de abril de 2025 por Paraguay, Guyana, Ecuador y Perú, y ampliada con la adhesión de Barbados, Brasil, Guatemala, Panamá y República Dominicana durante la 20.ª Reunión Regional Americana de la OIT.
Este compromiso establece principios para priorizar la justicia social en las políticas de desarrollo, promover el empleo inclusivo, fortalecer la formación profesional y consolidar el diálogo social.
Entre sus objetivos destacan la articulación de esfuerzos alineados con la Coalición Mundial por la Justicia Social, el relanzamiento de adhesiones de nuevos gobiernos y la presentación de avances en empleo, formación, protección social y diálogo social, por parte de los países firmantes.
La jornada se inició con palabras de bienvenida del director general de la OIT, Gilbert Houngbo; la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Moreira Gomes; y el titular de Trabajo del Perú, Óscar Fernández.
Posteriormente, expusieron los ministros y viceministros: Miriam Roquel Chávez (Guatemala), Keoma Griffith (Guyana), Eddy Olivares Ortega (República Dominicana), Colin E. Jordan (Barbados), Mónica Recalde de Giacomi (Paraguay), Luiz Marinho (Brasil), Ana Gabriela Soberón Tejada (Panamá) y Jorge Yepez (Ecuador).
El cierre estuvo a cargo de Sana de Courcelles, directora de la Coalición Mundial para la Justicia Social.
El encuentro reunió a funcionarios públicos, representantes de empleadores y trabajadores, miembros de la academia y de la sociedad civil, posicionándose como un espacio de alto nivel para el intercambio técnico y político sobre empleo, desigualdad y cohesión social en la región.
Los países participantes reafirmaron su compromiso con un contrato social renovado que ubica el trabajo decente y la justicia social en el núcleo de las políticas públicas, marcando un hito en la cooperación regional frente a los desafíos laborales de América Latina y el Caribe.
