Editorial
En ese contexto, el inicio de la gestión del nuevo presidente José María Balcázar abre una etapa que, aunque de duración limitada, tiene la obligación de afirmar bases claras para la estabilidad democrática.
En su primer Mensaje a la Nación, tras ser elegido por el Congreso de la República, el mandatario delineó los tres ejes centrales de su gestión, que, por su naturaleza, difícilmente podrían suscitar discrepancias entre fuerzas políticas o actores sociales.
Garantizar elecciones transparentes e incuestionables no solo constituye un mandato constitucional, sino la condición esencial para restituir la confianza en las instituciones y asegurar una transición genuina, como espera el país. El compromiso de que no exista margen para la duda en el proceso electoral resulta, en ese sentido, especialmente relevante en un escenario de polarización.
El segundo eje, referido a la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, responde a una demanda urgente de los peruanos. La propuesta de una pacificación efectiva, con equipos técnicos idóneos y una acción articulada entre las instituciones, apunta a enfrentar un fenómeno complejo que no admite respuestas aisladas ni improvisadas.
En el plano económico resulta pertinente que se haya señalado la continuidad de “la línea macroeconómica de Perú” y el anuncio de reuniones con la titular del sector y con el presidente del Banco Central de Reserva para evaluar eventuales ajustes. “No podemos dar saltos en el vacío en materia económica”, expresó el mandatario. En un contexto internacional complejo, preservar los criterios de responsabilidad fiscal y monetaria es una condición indispensable para garantizar la estabilidad e impulsar con mayor decisión el crecimiento y la generación de empleos.
Estos tres pilares sintetizan los desafíos inmediatos de Perú y recogen las principales demandas de la ciudadanía. Para concretarlos será esencial que el diálogo se afirme como la herramienta central de la democracia, por encima de las diferencias ideológicas y políticas. En los cinco meses que durará el nuevo gobierno, el resultado de la gestión dependerá de la capacidad de construir consensos mínimos que permitan conducir al país hacia una transición ordenada y legítima.
En un momento como este, corresponde a todas las fuerzas políticas y sociales asumir que la prioridad es la defensa de la democracia y la institucionalidad. Solo así será posible devolver a Perú la estabilidad que tanto requiere, y abrir una nueva etapa de gobernabilidad basada en la legitimidad de las urnas y la plena vigencia del Estado de derecho.