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Periodista
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El Estado peruano ratificó ocho de los diez convenios fundamentales de la OIT, que forman parte de cerca de 200 documentos de este tipo adoptados tripartitamente (gobiernos, empresarios y trabajadores) por los Estados miembros de la organización.
“Estos instrumentos consagran principios esenciales y son uno de los pilares para hacer realidad el trabajo decente y la justicia social, tales como la libertad sindical y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la no discriminación”, afirma el director de la OIT para los Países Andinos, Ítalo Cardona Monterroza.
En Perú, refiere, aún está pendiente la ratificación de los convenios fundamentales de seguridad y salud en el trabajo que, desde el 2022, forman parte del piso básico de derechos. La ratificación es un paso importante, pero el desafío central es la aplicación efectiva, resalta.
El país presenta periódicamente memorias ante los órganos de control de la OIT, lo que permite una evaluación técnica e independiente sobre el cumplimiento de los convenios. La Organización Internacional del Trabajo brinda comentarios y recomendaciones para fortalecer su implementación.
Cardona explica que la Comisión de Expertos de la OIT se reunió en diciembre del 2025 y sus comentarios más recientes se publicaron la semana pasada. “En esas recomendaciones ya pueden identificarse algunos de los principales desafíos que el país enfrenta hoy para mejorar el cumplimiento de los convenios”, asevera.
Principio
“Entre ellos, la OIT aconseja hacer los esfuerzos necesarios para reducir la brecha salarial de género y asegurar la plena aplicación del principio de igualdad de remuneración; reforzar la prevención y sanción del trabajo forzoso y de las peores formas de trabajo infantil; y, en materia de libertad sindical y negociación colectiva, garantizar la conformidad de la legislación nacional con los convenios ratificados”, detalla.
Rememora, asimismo, tras la misión de contactos directos efectuada en mayo del 2025, que la comisión subrayó la necesidad de fortalecer el funcionamiento del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) como espacio institucional de diálogo social y reforzar las capacidades de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), para supervisar y asegurar el respeto de los derechos de asociación y libertad sindical.
En este punto, Cardona destaca que el diálogo social es el mecanismo que permite traducir los principios del trabajo decente en políticas concretas y sostenibles. “Cuando gobiernos, empleadores y trabajadores se sientan en la mesa del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, no solo se construyen acuerdos que dan legitimidad a las decisiones, promueven también la estabilidad y la paz social en el mundo del trabajo”, expresa.
“En contextos de alta informalidad, transformaciones en el mercado laboral y presión sobre los sistemas de protección social, la experiencia demuestra que los países que fortalecen sus instituciones laborales y sus espacios de diálogo social tripartito están mejor preparados para enfrentar crisis y aprovechar oportunidades”, remarca.
La informalidad no es solo un dato estadístico, es la expresión más visible de las brechas estructurales de nuestro mercado laboral. Cuando más de siete de cada diez personas trabajan fuera de la formalidad laboral, se pone en riesgo el acceso efectivo a derechos laborales, protección social, ingresos estables y mecanismos de representación, señala.
“Si queremos avanzar de manera sostenida, necesitamos comprender mejor la diversidad de situaciones que configuran la economía informal y los factores que la impulsan. La baja productividad es un elemento central, especialmente en micro y pequeñas empresas que concentran la mayor parte del empleo”, anota.
Sin mejoras en productividad, alerta, es muy difícil ampliar la base del empleo formal. “Por eso, la formalización no puede abordarse de manera aislada de las políticas de desarrollo productivo, formación profesional y ampliación progresiva de la protección social”, precisa.
“La Recomendación 204 de la OIT plantea un enfoque integral para la transición de la economía informal a la formal, combinando incentivos, fortalecimiento institucional, derechos fundamentales y diálogo social”, subraya.
En este punto, afirma, es necesario reconocer los importantes esfuerzos que emprende el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que cuenta con la asistencia técnica de la OIT, especialmente la formulación de una Estrategia Nacional para la Formalización Laboral al 2040, la creación de la Comisión Multisectorial Permanente para la Formalización Laboral y el diseño de herramientas como el Registro y las Tipologías de la Informalidad Laboral.
“Estos son pasos importantes para diseñar políticas diferenciadas y basadas en evidencia, que se convierten en una condición clave para avanzar en justicia social”, indica Cardona en declaraciones al Diario Oficial El Peruano.
Rostros
Sin duda, señala, la informalidad y desigualdad laboral en Perú tienen rostro femenino y joven. “Y es más pronunciada aún si estas mujeres y jóvenes son, además, personas migrantes, viven en zonas rurales o pertenecen a pueblos indígenas”, advierte.
“En el caso de las mujeres, el desafío no es solo el acceso al empleo, sino la calidad de ese empleo y la carga desproporcionada que asumen en el trabajo de cuidados, la mayoría de las veces sin recibir remuneración”, agrega.
El director de la OIT para los Países Andinos rememora que Perú ratificó el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración en 1960, pero la brecha persiste, muchas veces asociada a segregación ocupacional y a la infravaloración de sectores feminizados.
“Además, la distribución desigual del tiempo dedicado a cuidados limita la autonomía económica femenina y es una barrera para su inserción laboral plena. Avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados permitiría redistribuir responsabilidades y generar empleo formal, especialmente para mujeres”, asevera.
En el caso de los jóvenes, la población de 14 a 24 años es el único grupo etario donde no se recuperaron los niveles de ocupación previos a la pandemia, y la informalidad sigue siendo excesivamente alta. “Además, más de 300,000 jóvenes en Lima Metropolitana trabajan sin ingresos suficientes, lo que refleja un problema de calidad del empleo”, manifiesta.
“Cerrar estas brechas requiere de políticas integrales como: igualdad salarial efectiva, avanzar en la corresponsabilidad en los cuidados, mejorar los programas que facilitan la transición educación-empleo, asegurar que exista una oferta de formación pertinente y la creación de mecanismos innovadores que incentiven la formalización, especialmente en las micro y pequeñas empresas, puntualiza.
Compromisos concretos
La Coalición Global por la Justicia Social, que impulsa la OIT, reúne a gobiernos, empleadores, trabajadores, organizaciones internacionales, empresas, academia y sociedad para fortalecer compromisos concretos en favor del trabajo decente, explica Ítalo Cardona. Precisa que para países como Perú, donde la informalidad y brechas estructurales son desafíos centrales, la plataforma ofrece un espacio de cooperación internacional e intercambio de experiencias que ayuda a alinear políticas nacionales con estándares globales y acelerar reformas para la inclusión y cohesión social. “La Coalición abre una oportunidad clave porque permite compartir buenas prácticas e innovaciones en políticas públicas y herramientas para acelerar la acción frente a desafíos comunes. Perú, como muchos países, enfrenta tres grandes procesos de transformación que están reconfigurando el mundo del trabajo: cambios demográficos, presión climática y aceleración tecnológica. Si estas dinámicas se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en motores de trabajo decente y de reducción de desigualdades”, asegura. El país, dice, aún cuenta con una importante población joven, lo que es una muy buena oportunidad que debe saber aprovechar. “Si se consigue mejorar la transición de la educación al empleo, invertir en competencias pertinentes y fortalecer la sostenibilidad de la seguridad social, esta generación puede impulsar crecimiento y cohesión social”, concluye.