Derecho
La autoridad sostuvo que el compromiso “es trabajar para que la ciberseguridad y la protección de datos personales se consoliden como ejes estructurales del sistema de justicia, integrados en nuestra planificación estratégica y políticas institucionales”.
Criminalidad
Tello alertó que el fraude informático, el robo de identidad, los ataques a infraestructuras críticas y la vulneración de bases de datos no son fenómenos aislados, sino también expresiones de una criminalidad sofisticada que opera sin fronteras y que evoluciona con gran rapidez.
“No hablamos solo de delitos tradicionales trasladados al entorno digital; enfrentamos estructuras organizadas, esquemas transnacionales y tecnologías emergentes que ponen a prueba nuestras capacidades normativas, tecnológicas y humanas”, señaló.
La magistrada resaltó, además, que en un entorno global altamente digitalizado la ciberseguridad se convirtió en un elemento estructural del crecimiento sostenible y de la competitividad nacional.
En el PJ refirió que se observa, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un crecimiento del cibercrimen a lo largo de los años y los ciberataques aumentan un 40% cada año a escala global.
“Las nuevas modalidades delictivas no solo representan un desafío técnico; constituyen una amenaza real para la confianza en las instituciones, la integridad de los mercados y la tranquilidad de los ciudadanos”, recalcó.
Tal situación, sostuvo, exige jueces y servidores judiciales capacitados, marcos legales actualizados y herramientas técnicas adecuadas para comprender y valorar evidencia digital compleja.
Tello participó en un encuentro de líderes sobre estrategias corporativas de los referidos temas promovido por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).
Eficiencia
Janet Tello sostuvo que la justicia no puede permanecer ajena a la transformación tecnológica, por lo que el expediente judicial electrónico (EJE), las audiencias virtuales, la interoperabilidad y la digitalización de archivos han modernizado de manera significativa el servicio de justicia, mejorando la eficiencia y el acceso.
Sin embargo, consideró que estos avances también ampliaron la exposición a riesgos cibernéticos, por lo que la transformación digital, si no está acompañada de sólidas políticas de seguridad de la información, puede convertirse en una vulnerabilidad.
“Cada base de datos judicial contiene información altamente sensible: datos personales, antecedentes penales, procesos de familia, información patrimonial y financiera, así como decisiones que impactan directamente en la vida de las personas”, anotó.