Editorial
“Los burgomaestres tienen la responsabilidad de administrar y ejecutar con eficiencia y transparencia los presupuestos asignados en obras que mejoren las condiciones de vida de las personas”.
En esa línea, se ha aprobado el Decreto Supremo N.º 013-2026-EF, que establece criterios, procedimiento y metodología para la distribución del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), incorporando cambios sustantivos. La norma no solamente ordena el proceso de asignación, sino que también fortalece el financiamiento de los gobiernos locales y les otorga un horizonte previsible que les permitirá planificar inversiones y responder con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía.
El Ministerio de Economía y Finanzas está por culminar la distribución de los recursos correspondientes a la recaudación de enero, que beneficiará a 1,892 municipalidades. Asimismo, desde febrero ya se reflejan los efectos del incremento, cuyo desembolso se realizará hasta este viernes 20.
A partir de marzo, el flujo será mayor, con un promedio de S/ 200 millones adicionales mensuales al incorporarse tributos internos como el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo. A ello se suma la duplicación de la asignación mínima mensual, de 8 a 15 unidades impositivas tributarias, garantizando un piso financiero más sólido para los distritos con menor capacidad de recaudación. Para el 2026 se proyecta una transferencia cercana a los S/ 10,000 millones.
Se responde de esta manera a un planteamiento sostenido de los alcaldes distritales de todo el país, quienes durante años han demandado mayores recursos para garantizar agua potable, vías transitables, seguridad, limpieza pública y espacios dignos para sus vecinos. Es en el ámbito municipal donde se evidencian con mayor claridad las brechas y donde cada intervención tiene impacto directo en la vida cotidiana. Fortalecer el Foncomun equivale, por tanto, a reforzar la primera línea de la acción pública y a acercar soluciones concretas a la ciudadanía.
Este esfuerzo, sin embargo, no se agota en la transferencia de recursos. Los burgomaestres tienen la responsabilidad de administrar y ejecutar con eficiencia y transparencia los presupuestos asignados en obras que mejoren las condiciones de vida de las personas. Cada sol debe traducirse en servicios que funcionen, sin proyectos detenidos ni inversiones inconclusas.
En esa medida, la descentralización avanza cuando los recursos llegan a los territorios y se transforman en bienestar. Si esta política se sostiene y se traduce en resultados, el país dará un paso importante hacia un desarrollo más equitativo, donde el progreso sea un derecho real para todos los peruanos.