Editorial
“Una transición ordenada, con cuentas públicas responsables, permitirá que la próxima administración, cualquiera sea su signo político, reciba un Estado financieramente sostenible y con proyectos en ejecución.”
En esa misma línea de prudencia, el Gobierno ha dado ahora un paso adicional al aprobar, mediante decreto de urgencia, un conjunto de medidas extraordinarias orientadas a mejorar la eficiencia del gasto y asegurar el cumplimiento de la meta fiscal del 2026, fijada en un déficit máximo de 1.8% del PBI. Se trata de una decisión oportuna, pues resulta imprescindible moderar el crecimiento del gasto corriente y evitar la dispersión de recursos.
En ese sentido, el decreto establece criterios claros de priorización del presupuesto. Las transferencias financieras deberán concentrarse en proyectos de inversión, IOARR y programas que cuenten con contrato suscrito y ejecución física en curso, evitando la dispersión de recursos y garantizando que el gasto se traduzca en obras y servicios concretos para la ciudadanía. A su vez, los proyectos que no cumplan estas condiciones deberán sujetarse a la programación multianual vigente y no podrán demandar recursos adicionales al Tesoro Público, reforzando el principio de sostenibilidad fiscal.
Asimismo, se dispone que los mayores ingresos por canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas, participaciones y Foncomun se orienten prioritariamente a la continuidad de inversiones en marcha y a intervenciones de reconstrucción ya aprobadas.
Las excepciones previstas para seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, estados de emergencia, procesos electorales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y las acciones vinculadas al proceso de adhesión del Perú a la OCDE garantizan, a su vez, que sectores estratégicos no se vean afectados por las medidas de racionalización.
El momento en que se adoptan estas disposiciones es particularmente relevante. El país se encamina a un periodo electoral que comprende tanto elecciones generales como comicios regionales y municipales, etapas en las que suele incrementarse la presión por expandir el gasto público. Precisamente, por ello el compromiso con la disciplina fiscal adquiere mayor valor y debe ser asumido por todos los niveles de gobierno y por todas las fuerzas políticas.
Respaldar estas medidas no significa restringir el desarrollo, sino asegurar que este se sustente en bases sólidas. Una transición ordenada, con cuentas públicas responsables, permitirá que la próxima administración, cualquiera sea su signo político, reciba un Estado financieramente sostenible y con proyectos en ejecución.
La estabilidad macroeconómica es un activo nacional construido a lo largo de décadas. Preservarla exige decisiones oportunas y consensos amplios. El decreto constituye, en ese sentido, una señal clara de continuidad en el manejo prudente de las finanzas públicas.