Derecho
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) destacó que otros resultados que se esperan lograr con la citada norma son mejorar la gobernanza de la institución como ente rector del sistema, así como fortalecer la transferencia tecnológica y el papel de los institutos públicos de investigación (IPI).
Capacidad
Además, precisó, la entidad contará con una mayor capacidad normativa para aprobar reglamentos autónomos en materia de ciencia, tecnología e innovación, lo que permitirá una gestión más ágil y alineada con los estándares internacionales.
El Decreto Legislativo N.° 1727 actualiza también la definición de los IPI, al incorporar expresamente la transferencia tecnológica como función clave.
A la par, el Concytec establecerá los estándares que posibiliten ejecutar la calificación de los investigadores, especialmente en las universidades, en concordancia con lo ya establecido en la Ley Universitaria.
Las infracciones se elevarán a rango de ley y se precisan malas conductas como la fabricación o falsificación en las publicaciones científicas, autoría ficticia, falsa afiliación, conflictos de interés no declarados y compra o venta de autoría científica, entre otras.
También se tipifican faltas vinculadas con el uso indebido de fondos públicos destinados a la investigación, puntualizó la entidad.
Adecuación
Como parte de la implementación, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 180 días para adecuar el Reglamento de la Ley del Sinacti y con otros 180 días adicionales para aprobar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Concytec.
Asimismo, los expedientes de calificación de investigadores que se encuentren en trámite continuarán siendo evaluados por el Concytec hasta la entrada en vigor de los nuevos estándares; proceso que será coordinado con las universidades y entidades involucradas.
Las modificaciones establecidas en el Decreto Legislativo N.° 1727 se basan en la Ley N.° 32527, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.