Editorial
En esa línea se inscribe la actuación del gobierno de transición, que ha asumido como prioridad nacional la organización de votaciones libres, transparentes y seguras el próximo 12 de abril.
Este compromiso fue reafirmado por el presidente José Jerí durante el saludo protocolar del cuerpo diplomático acreditado en el país, realizado el último lunes. Ante los representantes de la comunidad internacional, el mandatario subrayó que uno de los ejes centrales de su gestión es la defensa irrestricta de la democracia. “Nuestra razón de ser es asegurar un proceso electoral democrático, libre, transparente e imparcial, cueste lo que cueste”, afirmó, dejando en claro que la neutralidad del Estado y el respeto a las reglas del juego democrático no están en discusión.
Estas prioridades se articulan, además, con otros dos objetivos fundamentales para la gobernabilidad: el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la preservación de la estabilidad económica. Un proceso electoral creíble no puede desarrollarse en un contexto de inseguridad ni de incertidumbre económica, pues ambos factores erosionan la confianza ciudadana y afectan el normal ejercicio de los derechos políticos.
Resulta igualmente relevante que el presidente haya destacado, ante el cuerpo diplomático, el respaldo de la comunidad internacional, considerando clave su acompañamiento para consolidar un proceso electoral legítimo. La confirmación de la presencia de misiones de observación de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Centro Carter y otros organismos constituye una señal positiva de transparencia y apertura.
El compromiso gubernamental con comicios limpios no es reciente. El 19 de octubre del 2025, apenas nueve días después de asumir el cargo, el presidente Jerí sostuvo una reunión con los titulares de los organismos del sistema electoral. En ese encuentro se definieron medidas y requerimientos, incluidos los de carácter presupuestal, orientados a asegurar un proceso de votaciones eficiente y transparente.
Sin embargo, el éxito de las elecciones no depende únicamente del Ejecutivo. Requiere instituciones electorales sólidas e independientes, fuerzas políticas responsables que respeten las reglas democráticas, y una ciudadanía informada y participativa. De ese esfuerzo compartido dependerá que el próximo o la próxima presidenta, así como el nuevo Congreso cuenten con la legitimidad indispensable para gobernar y legislar en representación de todos los peruanos. Solo así la democracia podrá renovarse con fortaleza y credibilidad.