Opinión
“Cuando el crédito suplementario sea sometido a consideración del Congreso, corresponderá a este poder del Estado otorgarle la prioridad que exige la magnitud del problema [...]”.
Las cifras confirman la dimensión de este problema. Al cierre de enero del 2026 se han identificado 12,575 proyectos de inversión con dificultades de financiamiento por más de 21 mil millones de soles. La mayor parte se concentra en el ámbito municipal, que acumula más del 80% de la brecha total.
Esta situación pone en evidencia una práctica recurrente y costosa: iniciar obras sin contar con los recursos necesarios para culminarlas, trasladando el impacto de decisiones mal tomadas a ejercicios fiscales posteriores y, finalmente, a la ciudadanía.
Frente a este escenario, el anuncio del presidente de la República, José Jerí, y de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, de presentar ante el Congreso un crédito suplementario entre fines de marzo e inicios de abril apunta a contener una situación que amenaza con agravarse. La iniciativa busca asegurar la continuidad de proyectos en ejecución que hoy enfrentan restricciones presupuestales y evitar la paralización de obras estratégicas a nivel nacional, cuya interrupción tendría consecuencias económicas y sociales significativas.
La propuesta se sustenta en una evaluación prudente del contexto fiscal. Como ha señalado la titular de Economía, el crédito suplementario se analizará sobre la base de una proyección favorable de los ingresos, considerando el comportamiento esperado de la recaudación en los próximos meses.
Más allá de la coyuntura fiscal, esta decisión plantea un punto de inflexión político que el país está llamado a asumir. El Estado no puede seguir tolerando la proliferación de elefantes blancos ni aceptar como normal que los errores de gestión se traduzcan en obras abandonadas y recursos desperdiciados, muchas veces impulsadas más por la urgencia de mostrar resultados inmediatos que por una planificación responsable. Corregir esta situación exige voluntad política para romper con esa lógica. Solo así la inversión pública dejará de ser un pasivo heredado y volverá a ser una herramienta efectiva de desarrollo e inclusión social.
Cuando el crédito suplementario sea sometido a consideración del Congreso, corresponderá a este poder del Estado otorgarle la prioridad que exige la magnitud del problema y evaluarlo con un sentido de responsabilidad institucional. Se trata de responder a necesidades concretas y urgentes. De ello dependerá que cada sol del Estado se traduzca en obras concluidas y beneficios reales para los peruanos.