Editorial
“Los desafíos que enfrenta el Perú son múltiples, acumulados por años de postergaciones y agravados por un entorno de inestabilidad política”.
En ese contexto, la aprobación, en la última sesión del Consejo de Ministros, de nueve decretos legislativos orientados a fortalecer la seguridad y dinamizar la inversión constituye una señal concreta de acción, en ejercicio de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República. Se trata de un paquete normativo que apunta a cerrar vacíos legales y establecer condiciones más previsibles para la convivencia social y el desarrollo económico.
En materia de seguridad y lucha contra la criminalidad se aprobaron cuatro decretos legislativos de especial relevancia. Entre ellos, destaca la creación del primer marco regulatorio nacional sobre la condición de apátrida, así como la modificación de la Ley del Refugiado, que precisa la responsabilidad penal de solicitantes y refugiados, establece su registro personal y biométrico ante Migraciones, y regula sanciones y causales de pérdida del estatus migratorio.
Asimismo, se introducen cambios al Decreto Legislativo N.° 1350, Ley de Migraciones, para mejorar los mecanismos de identificación de ciudadanos extranjeros, y se establecen reglas, medidas y mecanismos para asegurar el uso adecuado y la trazabilidad de la numeración en llamadas y mensajes de texto, con el objetivo de reducir el anonimato y prevenir comunicaciones ilícitas que afectan a los usuarios y facilitan actividades criminales.
En el ámbito de la inversión se aprobó el decreto que crea un marco legal de carácter extraordinario para la evaluación ambiental de proyectos de infraestructura hidráulica priorizados por el sector agrario y de riego. De igual modo, se modificó la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, facilitando la liberación de áreas en bloque para la ejecución de obras de infraestructura estratégica, reduciendo cuellos de botella y plazos que históricamente han retrasado proyectos clave para el desarrollo.
Los desafíos que enfrenta el Perú son múltiples, acumulados por años de postergaciones y agravados por un entorno de inestabilidad política. En ese contexto, resulta pertinente que el gobierno de transición concentre sus esfuerzos en aquello que es esencial para la gobernabilidad, adoptando medidas que refuercen la autoridad del Estado y permitan encauzar al país hacia un horizonte de estabilidad y desarrollo. Los peruanos de todo el territorio nacional y del extranjero esperan que estos objetivos se logren lo antes posible para beneficio de las grandes mayorías.