Editorial
No se trata de una medida aislada ni coyuntural, sino de una respuesta necesaria frente a una realidad que por años fue ignorada: el colapso del sistema penitenciario y juvenil y la pérdida progresiva del principio de autoridad en los centros de reclusión.
Durante demasiado tiempo las cárceles dejaron de cumplir su función esencial de custodia y rehabilitación para convertirse, en muchos casos, en espacios desde donde se articulaban extorsiones, secuestros y asesinatos.
Frente a ese escenario, la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) constituye una decisión oportuna y necesaria. La medida, que fue oficializada mediante el Decreto Legislativo 1710, marca un punto de quiebre en la forma de gestionar los penales.
Como ha señalado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, la Sunir absorberá tanto al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) como al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), permitiendo una conducción unificada del internamiento y la resocialización en el país.
Esta nueva institucionalidad facilitará cambios de fondo orientados a mejorar el tratamiento penitenciario, fortalecer los procesos de reinserción social y recuperar el control efectivo en los establecimientos.
Entre las modificaciones más relevantes figura la eliminación del consejo penitenciario, que será reemplazado por una jefatura con competencias claramente definidas.
La puesta en marcha de la Sunir marca un giro en la política del Estado frente a la inseguridad, al apostar por una gestión moderna y un enfoque integral que articule autoridad, control y resocialización efectiva. Porque la lucha contra la criminalidad no será posible sin un sistema penitenciario sólido y eficiente.
La norma fija plazos precisos para su implementación: en los próximos días se conformará la comisión de transferencia encargada del proceso de fusión, el cual deberá culminar en un plazo de noventa días hábiles. Su cumplimiento riguroso será clave para que la reforma se materialice. No obstante, resulta claro que una transformación de esta magnitud trasciende a la actual gestión y demanda continuidad política y voluntad sostenida en el tiempo.
Precisamente por ello corresponde saludar que un gobierno de transición, con un margen de acción naturalmente acotado, haya asumido la responsabilidad de impulsar una reforma estructural largamente postergada.
La creación de la Sunir transmite un mensaje inequívoco al país: el Estado ha decidido recuperar autoridad y control en los penales y fortalecer, desde allí, una política de seguridad más firme y decidida, como lo reclaman hoy todos los peruanos.