Dicha disposición tiene por objetivo reducir las condiciones estructurales que facilitan la corrupción, la infiltración del crimen organizado y la violencia institucional, garantizando el control, la seguridad, la protección de derechos y los procesos de resocialización y reinserción social de internos y adolescentes en conflicto con la ley penal.
La Sunir será un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público y con autonomía administrativa, funcional y financiera. Se constituirá como un pliego presupuestal.
En ese sentido, conducirá la ejecución de las medidas privativas de libertad y medidas socioeducativas, así como la pena privativa de libertad efectiva y suspendida, penas limitativas de derechos, las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y la vigilancia electrónica personal.
Funciones
El decreto legislativo precisa que la Sunir, dentro del ámbito de su competencia, ejercerá la función de dirigir, regular y supervisar el sistema nacional especializado de internamiento y reinserción social, además de fortalecer el modelo de gestión penitenciaria y juvenil, y los mecanismos de participación ciudadana.
Asimismo, administrará y gestionará los establecimientos penitenciarios, los centros juveniles de internamiento, los servicios de orientación al adolescente y los centros y programas de post-egreso a nivel nacional.
También conducirá la intervención del tratamiento penitenciario y el tratamiento especializado de adolescentes en conflicto con la ley penal, así como la asistencia post-penitenciaria y de post-egreso juvenil.
De igual firma, diseñará, implementará y supervisará los sistemas de seguimiento y evaluación continua del tratamiento penitenciario y juvenil y la asistencia post-penitenciaria y de post-egreso juvenil, y garantizará las condiciones de internamiento y supervisión diferenciadas para la población penitenciaria y de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Además, administrará la seguridad integral interna y externa de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, entre otras funciones.
El dispositivo legal aprueba la fusión por absorción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres) a la Sunir, proceso que concluirá en un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la constitución de la respectiva comisión de transferencia.
El decreto legislativo lleva la rúbrica del presidente José Jerí, del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.
