Política
Periodista
jcruzado@editoraperu.com.pe
–¿Cuáles son sus propuestas específicas para combatir la delincuencia?
–Proponemos un shock de seguridad que aborda cinco temas a desarrollarse de manera simultánea: la reforma de la Policía Nacional, la del sistema penitenciario, un endurecimiento normativo contra aquellos servidores públicos que traicionan al pueblo en el marco de la inseguridad ciudadana, el cambio de enfoque en las fronteras y el liderazgo que debe tener el Ejecutivo en la lucha en general contra la inseguridad. Planteamos incrementar la cantidad de agentes de 130,000 a 250,000 y elevar el presupuesto para la lucha contra la inseguridad en más de 150%; crear un grupo especial de inteligencia policial para la búsqueda y captura de los cabecillas del crimen transnacional. Proponemos construir 12 nuevos penales en el país en los próximos años.
–¿Cómo combatir problemas como la extorsión y el sicariato en sectores vulnerables como el transporte y los negocios?
–Los bodegueros, los pequeños parceleros, los del gremio de transportes son organizaciones que tienen iniciativas legislativas para combatir el crimen. Nos hemos reunido con ellos, pero necesitamos fortalecer la inteligencia para capturar a los cabecillas del crimen organizado y expulsarlos del país si son extranjeros. Hay solo 5,000 a 6,000 efectivos dedicados a la investigación criminal. Vamos a incrementar este número a 20,000.
–¿Qué propone para reforzar la seguridad en las fronteras y evitar el ingreso de migrantes ilegales garantizando los derechos humanos?
–Hay algunos asuntos que deberían tener un enfoque transnacional, uno de ellos es el tema de la seguridad. El crimen organizado ahora es transnacional y el otro es el asunto de la migración. Estamos con una ola migratoria que proviene del sur. Vamos a adecuar el marco vigente para poder descansar el cuidado de las fronteras en las Fuerzas Armadas. Para eso necesitamos incrementar de 30,000 a 60,000 el número de soldados y elevar la propina que reciben de 256 soles a un sueldo mínimo.
–¿Cómo planea regular y fiscalizar la actividad minera para que contribuya al desarrollo sostenible del país.
–La minería informal es aquella que no está registrada, no paga impuestos, o tiene esquemas que no han funcionado como el Reinfo, pero que está asentada sobre un área que potencialmente sería pasible de actividad. En cambio, la minería ilegal se asienta sobre un terreno donde nunca será formal, porque está prohibida debido a razones ambientales; esto hay que tenerlo claro. Vamos a plantear para la minería informal una formalización viable, y esto implica la posibilidad de fijar periodos de gracia tributaria, créditos y la asociación pública privada para la importación de miniplantas procesadoras ambientalmente amigables.
–¿Está a favor de ampliar el Reinfo?
–No. Creo que no ha funcionado. No ha existido un diálogo adecuado entre el Ejecutivo y las fuerzas sociales. Y creo que esto no ha ocurrido porque los esquemas ilegales han tenido una penetración en el Parlamento y una presión sobre algunos sectores del Ejecutivo, tema que, con un partido fuerte, organizado como el Apra, no ocurriría.
–¿Y qué planteamientos tiene para robustecer la lucha contra el narcotráfico?
–Es importante pensar en el esquema financiero. Hay que potenciar primero la investigación, potenciar a la Policía para que ubique a los cabecillas del narcotráfico, y eso conectado con el Gein, grupo especial de inteligencia que estamos proponiendo para esa tarea.
–¿Cómo fortalecer la gobernabilidad en vista de la fragmentación política y cuáles son sus propuestas en materia de lucha contra la corrupción?
–El Apra está capacitada para gobernar. Llegaremos con una agenda legislativa, y lo menciono porque la gobernabilidad parte del hecho de tener una hoja mínima de ruta sobre la cual empezar a discutir. No hay gobernabilidad en parte porque no hay ideas, no hay hoja de ruta. En el caso de la lucha contra la corrupción, hay una asociada a las organizaciones criminales y a la inseguridad ciudadana. Ahí tenemos que hacer una purga en la Policía Nacional, en el Inpe. Además he planteado que a jueces, policías, fiscales y militares que se coludan con bandas criminales se les imponga cadena perpetua.
La otra gran fuente de corrupción es la obra pública. Estoy proponiendo una fusión de algunos ministerios como el de Transportes y el de Vivienda para centralizar la obra pública, vigilarla y tomar algunas medidas de emergencia.
–¿Qué propone para impulsar el crecimiento económico?
–En la gran minería moderna existen 60,000 millones de dólares de proyectos mineros paralizados, la tercera parte son ampliaciones, entonces hay que desburocratizar. La otra parte pasa por la viabilidad social de la gran minería moderna. Estoy planteando una reconfiguración del canon, que el 20% o el 30% para los gobiernos subnacionales vaya a asignación directa a la gente de las zonas de influencia de la minería. Vamos a ampliar la frontera agrícola para la exportación de 250,000 a 500,000 hectáreas. Con 250,000 hectáreas más de agroexportación tendremos 800,000 puestos de trabajo adicionales. Necesitamos impulsar un gran programa de crédito popular, es decir un sistema de garantías para que, a través del tesoro, pueda fortalecer a Cofide y garantizar crédito popular a tasas más convenientes.
–¿Cómo planea avanzar en el cierre de brechas sociales entre los diferentes sectores de la población?
–La política social es clave y no se trata únicamente del presupuesto que se tiene que incrementar para los programas, sino que debe haber un nivel de eficiencia mayor. Propondremos que el Midis y el Mimp se fusionen nuevamente a fin de reducir mejor la pobreza, y estoy comprometido con el empoderamiento de la mujer. Juntos podrían hacer un trabajo más articulado.
Pensamos hacer un gran programa nacional de alimentación popular que no se restrinja únicamente a los escolares, sino que se amplíe a las personas en situación de vulnerabilidad y a los adultos mayores. Incluso podemos hacer un círculo virtuoso porque los proveedores de este programa podrían ser los pequeños productores del campo y los pescadores artesanales.
–¿Qué acciones propone para mejorar la atención de salud pública y garantizar el acceso a los servicios?
–Haremos una declaratoria de emergencia del primer nivel de atención, donde faltan profesionales, infraestructura, equipamiento. Además de potenciar con mayor presupuesto a la infraestructura y a la suma de profesionales, tenemos que ir a un programa de pronta atención, para lo cual planeamos descentralizar, es decir, impulsar la creación de consultorios privados en una suerte de red para que las personas puedan atenderse.
–¿Cómo va a enfrentar los problemas de infraestructura y recursos en el sistema de salud?
–Hay dos maneras: la primera es la construcción de nueva infraestructura de salud. Hablamos de 30 hospitales, principalmente de emergencias. Estoy proponiendo la construcción de un gran hospital en San Juan de Lurigancho, y dos más en Lambayeque, uno en Olmos y el otro en Chiclayo. Planteamos un gran programa de hospitales emblemáticos a fin de modernizar nosocomios que tienen entre 50 y 60 años.
–¿Cuáles son sus propuestas para mejorar la calidad de la educación en el país?
–Queremos que el presupuesto de educación pase de 5.11% a 7% en los próximos cinco años. Daremos mayores recursos a los Coar y a los programas de becas que han sido recortados, como Beca 18.
–¿Cómo asegurar el acceso equitativo a la educación sobre todo en áreas rurales?
–Tenemos que evaluar algunas cosas que se están haciendo;por ejemplo, una suerte de planteamiento de escuelas que funcionen a full time, 14 días, y luego los niños regresen a sus casas. Eso se ha probado en zonas alejadas, donde la deserción escolar se incrementa debido a las labores de producción que hay en el campo.
–¿Qué acciones implementará para potenciar el deporte en el país?
–Uno de los temas que discutimos es el asunto de los núcleos ejecutores juveniles, concretamente en la posibilidad de potenciar la cultura, el arte y el deporte. Pensamos que eso hay que combinarlo con un programa de polideportivos del pueblo o incluso gimnasios.
Trenes y puertos
Valderrama asegura que el desarrollo de infraestructura en el país es un tema de justicia social, por lo que buscará consolidarse, de llegar al poder, como el auténtico partido de los trenes en Perú. “Así como hicimos la Línea 1 del Metro de Lima en 18 meses, podemos hacer la línea 3 y 4 del Metro de Lima en cuatro años. Adicionalmente haremos una línea del Metro en Trujillo, otra en Piura y una similar en Arequipa”. Señala que se avanzará el esquema del tren de la Costa en etapas y potenciarán el esquema de los puertos en el país, declarando de interés para la macrorregión sur y para Perú el megapuerto de Corío y también el de Eten, en el norte. Cree que el shock de infraestructura, construyendo 10,000 kilómetros adicionales de carreteras, y haciendo un gran programa de pistas y veredas y de defensas ribereñas van a constituir un impulso muy grande, sumado al tema de la construcción de 400,000 viviendas sociales en los próximos cinco años.
“Ese combo también ayudará a que la gente que se encuentra relacionada laboralmente con el sector de la construcción pueda tener empleo, generar un círculo virtuoso en los proveedores pequeños, también de las ferreterías y, en general, pensamos que este esquema de impulso de infraestructura resultará ser muy positivo para el país”, indica.
Hoja de vida
1 Enrique Valderrama tiene 37 años, es bachiller en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres.
2 Es director del portal de opinión Punto de encuentro y columnista en medios de comunicación.
3 Es militante del Partido Aprista desde el 2010 y miembro de la comisión política desde mayo del 2025.
Datos
El candidato del Apra asegura que el cronograma de pago de la deuda social del magisterio se reduciría en más de la mitad para cubrirlo en diez años y no en los 25 planteados.
Recuerda los tratados de libre comercio suscritos en el segundo gobierno aprista y señala la necesidad de seguir ampliando estos acuerdos vinculantes, esta vez con India e Indonesia.
Como un acto de empatía popular y de austeridad, propondrá que el presupuesto general del parlamento se reduzca de 1,400 millones a 700 millones de soles.