Durante décadas, la producción de petróleo y gas natural ha permitido garantizar el abastecimiento energético del país, generando importantes ingresos fiscales, dinamizando economías regionales y reduciendo los costos de energía para hogares, industrias y principalmente el sector transporte. Sin embargo, el escenario actual presenta desafíos que exigen una reflexión técnica y la toma de decisiones estratégicas orientadas a garantizar la seguridad energética, atraer inversiones y consolidar un desarrollo sostenible a largo plazo.
El panorama energético enfrenta serias dificultades: una sostenida caída en la producción petrolera, una marcada reducción de la inversión en exploración, brechas sociales en el acceso al gas natural y la necesidad de compatibilizar el desarrollo de los hidrocarburos con los objetivos de transición energética. Conocer esta realidad es fundamental para identificar soluciones y oportunidades que permitan fortalecer el sector.
Reservas de petróleo y gas: un activo estratégico en la seguridad energética
Las reservas de hidrocarburos constituyen la base de la seguridad energética del Perú y ascienden a aproximadamente 8.5 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural y 460.5 millones de barriles de petróleo como reservas probadas y probables (categoría 2P), y su administración corresponde al Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), (Ley 30705).
Al ritmo actual de consumo, estas cifras otorgan una autonomía aproximada de 14 años en gas natural y 18 años en petróleo. Este horizonte, evidencia una realidad ineludible: sin nuevos descubrimientos, el Perú podría enfrentar un agotamiento progresivo de sus reservas hacia la década de 2040, con el riesgo de convertirse en importador neto de gas natural en el largo plazo.
Sin embargo, la buena noticia es que el potencial geológico del país sigue siendo significativo porque cuenta con 18 cuencas sedimentarias en la costa, la selva y la fuente marina, muchas de ellas aún sin explorar. Se estiman que existen recursos prospectivos de 43 TCF de gas natural y hasta 35.171 millones de barriles de petróleo, que podrían convertirse en reservas si se crean las condiciones adecuadas para atraer inversión en exploración.
En el caso del petróleo, la producción nacional se mantiene por debajo de los 50 mil barriles diarios, obligando al país a importar la mayor parte de los combustibles líquidos que consume, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a la volatilidad de los precios internacionales.
Respecto a la industria del gas natural, el yacimiento de Camisea, continúa siendo la principal fuente del sistema energético nacional, produciendo el 96% de gas que se consume a nivel nacional, permitiendo atender la demanda interna y mantener las exportaciones de gas natural licuado.
Sin embargo, la sostenibilidad futura de este recurso requiere una reposición permanente de reservas, así como la incorporación a producción de recursos actualmente no desarrollados. En ese contexto, destacan las reservas del Lote 58, ubicado en la región Cusco, cuya eventual incorporación al inventario nacional —si se viabilizan las condiciones necesarias— podría incrementar las reservas de gas natural del país en más de un 30 %.
Un dato importante, es que el 40% de la generación eléctrica nacional depende del gas natural, contribuyendo a generar una matriz limpia y estable, a la que se han sumado más de 537 mil vehículos operando con gas natural vehicular, demostrando que el uso del gas ha crecido sostenidamente en los sectores industrial y residencial.
El desafío central es claro: sin exploración, no hay nuevas reservas; sin reservas, no hay seguridad energética.
Inversión en exploración de Hidrocarburos
La inversión en exploración constituye el principal obstáculo del sector hidrocarburos porque en la última década ha registrado una contracción significativa. Entre 2016 y 2020, factores externos como la caída de los precios internacionales del crudo y la pandemia de la COVID-19 afectaron severamente los flujos de capital hacia el sector, aunque en el 2021 se observó una recuperación parcial, esta no logró consolidarse.
Para el año 2023, la inversión volvió a disminuir debido al vencimiento de contratos, conflictos sociales y demoras en permisos ambientales y recién en el 2024 se registró un repunte, alcanzando US$ 564 millones en su fase inicial, de los que solo US$ 39 millones se destinaron a exploración, evidenciando una estrategia que ha priorizado sostener la producción existente y no ha potenciado ampliar la frontera exploratoria.
La reciente inversión en exploración contrasta con los niveles históricos de hace una década, cuando la inversión en exploración superaba anualmente los US$ 400 millones en promedio.
Las consecuencias de este escenario ya son visibles: mientras la demanda interna de gas natural crece de manera gradual, alrededor de 300 millones de pies cúbicos diarios son reinyectados por limitaciones de mercado e infraestructura. Frente a ello, el Viceministerio de Hidrocarburos viene impulsando acciones orientadas a dinamizar la demanda, promover el desarrollo de infraestructura de transporte y distribución, y generar condiciones que permitan un mejor aprovechamiento del recurso, con el objetivo de cerrar brechas, optimizar el uso del gas natural y fortalecer la seguridad energética del país.
Reactivar la exploración es imperativo, convirtiéndose en una decisión impostergable para garantizar la seguridad energética del país porque cada pozo exploratorio exitoso representa más años de autonomía energética, mayores ingresos fiscales y mejor capacidad para sostener la transición energética desde una base sólida.
Masificación del gas natural: proyectos estratégicos para cerrar brechas
La masificación del gas natural constituye uno de los ejes centrales de la política energética nacional. Actualmente, el Perú cuenta con 2,5 millones de hogares conectados y más de 25 mil kilómetros de redes de distribución, con una fuerte concentración en Lima y Callao.
Fuera de la capital, la cobertura es limitada, lo que ha motivado la evaluación de proyectos estratégicos para superar la condición actual, como son la Adenda Cálidda – Siete Regiones Altoandinas, que busca extender la concesión y llegar hacia Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, con la construcción de 3,700 Km. de redes y el beneficio de más de 300 mil familias, permitiendo reducir la dependencia de combustibles más costosos y contaminantes, e igualando tarifas con Lima para cerrar brechas históricas, gestionando una saludable manera de hacer un Perú más justo y con igualdad de oportunidades.
De forma complementaria, también está en cartera la extensión del Gasoducto al Sur, que plantea la ampliación del gasoducto en 817 Km., con una inversión aproximada de US$ 1,991 millones, para llevar gas natural a las poblaciones de Arequipa y Moquegua. La intención es llegar posteriormente a Tacna. Se propone fortalecer la seguridad del sistema eléctrico del sur, impulsar la industrialización regional y permitir un acceso a tarifas más competitivas de gas natural, generando ahorros en sus canastas familiares y mejorando su calidad de vida.
Reformas normativas para impulsar la competitividad del sector hidrocarburos
El fortalecimiento del marco regulatorio es un eje clave para consolidar un sector hidrocarburos más dinámico, competitivo y sostenible. En ese contexto, a fines de 2025 el Estado peruano aprobó el Decreto Supremo N.º 023-2025-EM, que modificó el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, incorporando expresamente el uso de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuefactado (GNL) como mecanismos de transporte virtual. Esta medida permite llevar gas natural a ciudades que no cuentan con infraestructura de ductos, contribuyendo al cierre de brechas de acceso energético. Asimismo, la norma faculta al Estado, a través del MINEM y del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), a impulsar proyectos de ampliación de redes en zonas no atendidas, y encarga a Osinergmin la adecuación de los procedimientos técnicos necesarios. En conjunto, esta reforma busca acelerar la masificación del gas natural y brindar mayor predictibilidad regulatoria a usuarios e inversionistas.
De manera complementaria, el MINEM, en coordinación con PERUPETRO, viene impulsando la actualización de la normativa aplicable a la exploración y explotación de hidrocarburos. Entre las principales iniciativas se encuentra la revisión del Reglamento de Calificación, orientada a promover la participación de empresas con solvencia financiera, capacidad técnica y responsabilidad socioambiental, fortaleciendo la transparencia del proceso y reduciendo riesgos de incumplimiento. Paralelamente, se trabaja en la actualización del Reglamento de Regalías, vigente desde la década de 1990, con el objetivo de adecuarlo a las condiciones actuales del mercado.
El enfoque apunta a contar con un régimen más flexible y competitivo, que incentive inversiones en proyectos de mayor riesgo o madurez, sin comprometer los ingresos del Estado.
En suma, estas reformas reflejan un rol más activo y estratégico del Estado en el desarrollo del sector hidrocarburos. Más allá de los aspectos técnicos, el objetivo es claro: garantizar energía más accesible y limpia, asegurar el abastecimiento energético y promover desarrollo económico. Con estas medidas, el Perú envía una señal clara de estabilidad, responsabilidad y visión de largo plazo, reafirmando la importancia del sector hidrocarburos para la seguridad energética y el bienestar de la población.
Un sector clave para el desarrollo nacional
El sector Hidrocarburos continúa siendo un componente estratégico y fundamental de la economía peruana porque garantiza la seguridad energética mientras aporta ingresos fiscales, regalías, canon y sobrecanon en todos los niveles de gobierno, generando miles de empleos formales directos e indirectos, promoviendo el desarrollo de economías regionales, especialmente en la selva y la costa norte; por ello, su fortalecimiento no solo es una cuestión de seguridad energética, sino también de interés para el desarrollo nacional.
En el actual contexto, el desafío es gestionar los hidrocarburos de manera eficiente y responsable, impulsando la exploración y promoviendo permanentemente las inversiones en el sector. Para ello, es vital e inmediato implementar y gestionar reglas claras, que permitan viabilizar los proyectos de masificación en beneficio de la población y atraigan inversión para el sector, garantizando el mandato constitucional del uso soberano de nuestros recursos y contribuyendo activamente al desarrollo económico y social del país.
