Derecho
La decisión se sustenta en la Ley N.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 123-2018-PCM, que establecen como finalidad del sistema administrativo respectivo la creación de valor público, la simplificación administrativa y la mejora de la eficiencia en la prestación de servicios estatales. En ese marco, se resalta la importancia de contar con regulaciones basadas en evidencia, evaluación de impactos y reducción de cargas administrativas.Asimismo, el Poder Judicial ha considerado las exigencias del Sistema de Gestión Antisoborno (NTP ISO 37001-2017), que demandan información documentada y procedimientos claros. En atención a ello, resulta aplicable la Directiva N.° 004-2023-CE-PJ, que regula la elaboración y aprobación de documentos normativos internos.Su finalidad principal es establecer pautas de actuación para el otorgamiento de medidas de protección y cautelares, con especial énfasis en la evaluación de los factores de riesgo, a fin de garantizar una respuesta oportuna y eficaz para la protección de las víctimas conforme a la Ley N.° 30364.