Derecho
De acuerdo con el balance elaborado por la Coordinación Nacional de este subsistema fiscal del Ministerio Público, dichas sentencias permitieron que la justicia determine que las personas condenadas paguen un total de S/ 83 438 222.14 por concepto de reparaciones civiles a favor del Estado.Entre los sentenciados hay 891 funcionarios, 597 servidores públicos y 506 particulares (extraneus) que participaron en actos ilícitos en perjuicio de los recursos del Estado. En los dos primeros casos, hay 76 alcaldes sentenciados por delitos de corrupción.Las investigaciones fiscales también permitieron que se condene a 170 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 177 gerentes, entre regionales y municipales.
Durante el año 2025, además, se ejecutó un total de 22 operaciones y megaoperaciones autorizadas judicialmente, y se logró que se declare fundados 111 requerimientos de prisión preventiva para investigados.En términos de inteligencia financiera y probatoria, los fiscales consiguieron que el Poder Judicial autorice 232 requerimientos de levantamiento del secreto bancario y 379 requerimientos de levantamiento de la reserva de las comunicaciones. Estas acciones permitieron la incautación de S/ 723 175 y USD 3340 en efectivo, así como de bienes valorizados, en conjunto, en más de S/ 775 000 y USD 42 000.Entre los delitos de mayor incidencia condenatoria figuran el peculado simple (162 condenas), seguido de colusión agravada (117) y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (110).Entre los distritos fiscales donde se obtuvo el mayor número de sentencias condenatorias por delitos de corrupción figuran Cusco (59 condenas), Áncash, Arequipa y Junín (47 condenas cada uno) y Ayacucho (43)."Este balance estadístico es un ejercicio de transparencia frente a la ciudadanía, que demanda respuestas claras ante el incremento sostenido de las denuncias por corrupción en todo el país”, sostuvo el fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador Nacional de las FECOF.“Destaco la esforzada labor de nuestros fiscales especializados, quienes actúan con rigor y respeto de la legalidad, incluso con recursos limitados frente a la alta carga procesal que enfrentamos diariamente", agregó.